La disputa a sangre y fuego por el Bajo Cauca antioqueño

La violencia en la región va en aumento, se están desocupando los territorios y las autoridades no logran establecerse en las zonas dejadas por las Farc

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junio 05, 2019
La disputa a sangre y fuego por el Bajo Cauca antioqueño

Las alertas siguen encendidas en la subregión del Bajo Cauca antioqueño debido al dramático aumento de la violencia por la disputa entre las estructuras armadas del Clan del Golfo y los Caparrapos. Este fin de semana fueron masacradas cuatro (4) personas en el corregimiento de Guarumo, en el municipio de Cáceres, Antioquia.

En la zona rural de Cáceres un grupo de unas quince (15) personas llegaron a disparar con fusiles hacia una vivienda a la cual posteriormente le lanzaron una granada. Una de las víctimas era un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar, los desconocidos llegaron a este corregimiento a través de un afluente del río Cauca, vestidos con “prendas negras y chalecos con siglas falsificadas del Gaula” o Policía antisecuestro, y se dirigieron a un sector conocido como Laureles, causando la muerte a estas personas.

Las autoridades han señalado que pudo tratarse de un “ajuste de cuentas” entre el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparrapos, que actualmente se disputan el control territorial en el Bajo Cauca con el fin de cooptar las rutas del narcotráfico y la redes de extorsión.

La Fundación Paz y Reconciliación-Pares, ha señalado que entre el 2017 y 2018 aumentó el homicidio en un 200% y la situación cada vez es más crítica. Según Ariel Ávila, subdirector de Pares, en el año 2017 se registraron 118 homicidios en el Bajo Cauca mientas el año pasado fueron 390.

El analista estimó que para el 2019 la cifra va a estar más o menos sobre 350, pues se ha intensificado la guerra entre las AGC y sus antiguos socios los Caparrapos lo cual está llevando al incremento de la extorsión y a un desplazamiento diario en la región.

El Estado nunca llegó tras la salida de las Farc

La exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc, firmó un Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 con el anterior gobierno en el cual se estipularon seis (6) puntos, de los cuales el primero y el cuarto atacaban el problema de la distribución de tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícitos. Ambas problemáticas que a lo largo del tiempo han afectado al campo colombiano.

El pacto prometió que una vez las Farc se retiraran de los territorios históricamente ocupados, se trasladarían a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y la fuerza pública llegaría a estos espacios vacíos de institucionalidad. Asimismo, empezaría a implementarse el acuerdo para reducir los cultivos de coca.

Sin embargo, ocurrió todo lo contario. El Estado se demoró en llegar, nuevos grupos capturaron el territorio dejado por la exguerrilla y así empezaron aumentar también los índices de violencia y de cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la UNODC, en el 2016 el Bajo Cauca antioqueño registró 15.627 hectáreas sembradas de coca, luego de que en 2013 había obtenido su punto más bajo con sólo 2.355.

Disputas entre AGC y Caparrapos

Tal como lo ha expuesto Pares, Antioquia en este momento atraviesa por un recrudecimiento de la violencia en tres zonas del departamento. Sin embargo, la más crítica es la del Bajo Cauca antioqueño y en especial en el municipios de Cáceres y Tarazá.

Dicha subregión está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas, eso sin contar los últimos desplazamientos debido al aumento de homicidios y amenazas contra la población.

Los enfrentamientos están desocupando los territorios, y “está quedando casi un pueblo fantasma en varios barrios y caseríos”, expresó Ávila.

Además de la situación humanitaria, el analista explicó que el desplazamiento también tendrá un impacto electoral para las elecciones locales de octubre. Puesto que, las pocas personas que queden del municipio serán las únicas con la posibilidad de votar por alcaldes o concejales, y en ese sentido, estos territorios quedarán totalmente administrados por el Clan del Golfo o los Caparrapos.

El fortalecimiento que han tenido estas estructuras armadas ilegales en los últimos meses se debe a las rentas que obtienen del negocio de la droga, las extorsiones y la minería ilegal.

A lo cual se suma que desde finales del 2018 se empezaron a germinar alianzas con dos carteles mexicanos de narcotráfico generando mayor respaldo económico y militar en ambas estructuras.

Así las cosas, los Caparrapos se aliaron con el cartel Jalisco Nueva Generación, por lo tanto, han crecido en su estructura y replegado en algunas zonas a las AGC. Además, se han beneficiado de la fragmentación del grupo rival, tras la pérdida de dos de sus mandos importantes, quienes tejían las relaciones con los mandos medios en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba.

Por su parte, el Clan del Golfo se asoció con el cartel de Sinaloa y aún mantiene su poderío, pues es considerada la banda de narcotráfico más grande del país. Sin embargo, diversos grupos armados organizados locales han hecho alianzas para contrarrestarlo y obtener las rutas de la droga.

En definitiva, la violencia en el Bajo Cauca antioqueño va en aumento, se están desocupando los territorios y las autoridades no han logrado establecerse en las zonas dejadas por las Farc.

Guarumo es un claro ejemplo de la ausencia estatal, pues ni si quiera cuenta con una estación de policía cuando se sabe que la población vive en medio del fuego cruzado, entre otras formas de institucionalidad que ni se asoman.

*Articulo realizado y publicado por la Fundación Paz y Reconciliación-PARES. Para ver el articulo original haga click aquí

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