El Consejo Nacional de Política y Economía Social (CONPES) nos habla acerca de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como uno de los lineamientos principales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, denominado Todos por un nuevo país. Este tiene como objetivo hacer del posconflicto una oportunidad para garantizar una paz estable y duradera, haciendo de Colombia uno de los países más “educados” en Latinoamérica.
El documento justifica esta política pública abordándola desde una relación unilateral entre la innovación y la productividad. Básicamente el objetivo de esta política es impulsar el desarrollo económico esperando que este, a su vez, impulse el desarrollo social; todo por medio de la ciencia, tecnología e innovación. El CONPES sugiere que para lograr este objetivo la idea es escalar a iniciativas “regionales” de innovación y emprendimiento que permitan activar los sistemas regionales de innovación.
Aunque en Colombia durante el gobierno del 2004 se propuso para el 2015 destinar 2% del Producto Interno Bruto para la ciencia, tecnología e innovación, nunca se logró. Al día de hoy, según Ministerio de Educación, el dato oscila entre 0.2% y el 0.5%. De acuerdo con datos recolectados por la revista Semana en febrero del 2017 la inversión nacional por institución aumentó de manera general, pero al entrar a revisar los datos de manera individual se puede observar que en cuanto a las actividades de CTI, la financiación, la inversión y el desarrollo en las instituciones públicas y entidades gubernamentales han ido decayendo un 15%, mientras que en entidades privadas y empresas han aumentado.
Otro de los medios de financiación para la CTI es el Sistema General de Regalías (SGR), en donde el fondo para la CTI recibe el 10 % de este ingreso ordinario. Esta cantidad se acordó en el 2010 durante el primer mandato del actual presidente Juan Manuel Santos. Para evitar una supuesta centralización de los recursos se estableció que los encargados de administrar los proyectos y manejar los recursos eran las entidades gubernamentales regionales. Esta reglamentación superpuso el poder regional a las necesidades nacionales de la producción académica y científica. Causando, como lo reporta la revista Semana en su investigación denominada Como está el país en ciencia y tecnología una caída en la inversión para la CTI en entidades gubernamentales e instituciones públicas. La Contraloría al realizar investigaciones encontró 33 proyectos de tecnología en el presente año con irregularidades, irregularidades como la destinación de estos recursos para spa y asaderos. En pocas palabras la labor de Colciencias se remitió únicamente a un avalador de calidad.
No hubo convocatorias públicas ni concursos de meritocracia para la selección de proyectos. No se trazaron horizontes y por querer descentralizar la economía para la CTI se terminó por perder una visión nacional clara sobre la planeación.
Y así como lo indica la declaración pública de los representantes del profesorado ante los consejos superiores y consejos académicos de las universidades públicas. Se hace un llamado al Gobierno nacional, al Congreso de la República, a los implicados en diseño y toma de decisiones en política pública para el nivel superior de educación, al respeto de los acuerdos firmados en la Universidad de Caldas en octubre de 2016; en donde se llegó al siguiente consenso entre los firmantes nombrados anteriormente:
Asumimos el compromiso indeclinable de orientar nuestros mejores esfuerzos y capacidad de gestión para tramitar, ante las instancias pertinentes y a la mayor brevedad posible, la financiación plena de la Educación Superior Pública en Colombia, asumida como un Derecho humano y un Bien público/Bien común que debe ser garantizado por el Estado. En virtud de lo anterior, desplegaremos todas las acciones necesarias para alcanzar un Gran Pacto social y político por la educación superior que comprometa las fuerzas vivas de la Nación, en procura de formar ciudadanos íntegros, idóneos profesionalmente, solventes desde la dimensión ética y con criterio solidario respecto al destino de un país que reclama, hoy más que nunca, la paz estable y duradera que por décadas anhelaba.
Lo anterior no se ve reflejado en varias políticas públicas de educación, un ejemplo es el impacto causado por la política gubernamental de financiación a la demanda a través del programa ser pilo paga que destina presupuesto público para el “apalancamiento” presupuestal de las Universidades Privadas en detrimento a la cobertura y oferta de educación que debería ser el lineamiento principal en un Estado Social de Derecho.
En la actualidad por la carencia de planeación producida por la administración regional de los fondos para la CTI reposan en el arca del Estado según el rector de la Universidad Pedagógica Nacional Adolfo Atehortua cerca de un billón y medio de pesos sin ejecutar, dinero que según las intenciones de Juan Manuel Santos en la cumbre gobernadores del 28 de enero del 2017 quiere dedicar para financiación de construcción de vía sectarias.
Dicho esto me puedo atrever a decir que no hay carencia de presupuesto para la CTI sino que ha sido mal administrado y que ese billón y medio en lugar de ser usado para la construcción de carreteras caería muy bien en un inversión planificada en pro del desarrollo académico e innovación para la ciencia y la tecnología en el país. Y así como cuenta el rector de la UPN “En los años ochenta, cuando llegaron los primeros computadores de escritorio IBM a Colombia, un pequeño empresario me contaba su dilema: comprar computadores o ampliar la planta física de su industria. Lo resolvió con lógica: los computadores le darían con el tiempo para una nueva edificación, mientras los ladrillos no podrían darle después para los computadores”.
