Como nunca antes, se hace posible lo imposible. Tras cinco décadas de violencia, los alzados en armas lograran su objetivo: derrocar y tomar el control del aparato estatal. La toma del poder será una realidad para los responsables de los correos humanos-bomba, de las minas antipersonales, de las tomas guerrilleras que arrasaron poblaciones, del reclutamiento de menores, del desplazamiento forzado, y, por supuesto de miles de secuestros, vidas y familias destruidas.
Sin duda, en la lógica del gobierno, la entrega del poder a los cabecillas de las Farc, irá acompañada de impunidad, como un galardón por la muerte de colombianos inocentes.
El triunfo de la insurgencia va acompañada de la derrota del Estado. La democracia, responsable de la marginalidad de los grupos terroristas durante años, está siendo derrotada por el propio ejecutivo, legislativo y judicial.
Las elecciones con los fusiles, la ilegalidad reglamentada y el sálvese quien pueda, serán las nuevas formas de la democracia en Colombia. Legitimaran la posesión de corredores geográficos que permiten el acceso a recursos económicos ilegales. Y serán los resultados fructíferos para los grupos terroristas de una guerra degradada exponencialmente desde su origen, y reincidiendo con frecuencia en violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
La lucha por controlar territorios, se legalizará bajo el titulo Zonas Veredales Transitorias de Normalización, población civil desprotegida, con prohibición legal de porte y tenencia de armas; sometidas al imperio de los terroristas en zonas estratégicas para el narcotráfico, desembocará muy pronto en el terror; que, bajo ciertas condiciones, puede no tener más límite que el exterminio de la población local.
Noventa días posteriores a la firma del acuerdo final, las Farc solo habrán dejado el 30% de sus armas, pero desde el primer día la población civil tendrá prohibido el uso y porte de armas, el terror volverá a los Municipios más vulnerables, pero con un plus adicional, la aprobación del Estado.
La paz, está cada vez más lejos, la entrega del poder a los insurgentes cada vez más cerca, el día de la firma del acuerdo final, el Estado habrá firmado su propia derrota.
Una Grupo terrorista fortalecido, con todo el dinero del narcotráfico, sin cuentas pendientes con la justicia, tomará el poder, los verdugos de los colombianos se volverán sus gobernantes.
El día del acuerdo final el Estado habrá fracasado y los insurgentes habrán legalizado su objetivo, la derrota del poder estatal.
Para el festín del triunfo de insurgentes, llegaran a la celebración nueve mil quinientos guerrilleros que están en las cárceles colombianas, capturados gracias al esfuerzo de nuestra fuerza pública. La libertad acompañada de impunidad se volverá una realidad el día de la firma del acuerdo final, pero aun en la perspectiva del gobierno no habrá impunidad.
Sin garantías de no repetición, ante la imposibilidad de garantizar que no surjan nuevas violencias, y ante la posibilidad sin precauciones jurídicas de extinción judicial de dominio y extinción administrativa de dominio, bajo la premisa de tierras indebida e ilegalmente adquiridas, y tierras inexplotadas que incumplan función social y ecológica; el socialismo será inevitable, sin duda, la expropiación será un plus para el triunfo de los insurgentes.
El Gobierno necesita legitimar la derrota, para ello escogió la peor forma, un plebiscito ilegitimo y engañoso, que pretende bajo una sola pregunta, legitimar la entrega del país al terrorismo, con un umbral de aprobación de tan solo un 13%, como un fraude a la democracia. Juan Manuel Santos solo necesita 4´378.118 votos por el SI para volvernos cómplices de la derrota del Estado.
Votar por el NO en el plebiscito, es votar por una paz con condiciones, estable y duradera. Ante un gobierno que solo escucha condiciones de los terroristas, votar NO es la única opción que tenemos los colombianos de evitar que el terror vuelva a nuestro país. Como una tabla de salvavidas, el voto por el NO salvara al Estado de la derrota que el mismo gobierno sentenció.
