El gobierno de Juan Manuel Santos había suspendido la asperción aérea con glifosato para destruir los cultivos de coca, en respuesta a las recomendaciones de la OIM, por considerar este químico nocivo e incluso un factor cancerígeno para la salud de los pobladores. El gobierno norteamericano y el Fiscal Martínez habían pedido reconsiderar la posición debido al crecimiento exponencial de los cultivos de coca. El debate quedó cerrado después de la posición que adoptó la Corte Constitucional en la que dejó en firme la prohibición tras la revisión de una tutela interpuesta por la Personería de Nóvita, Chocó, advirtiendo las graves consecuencias de la fumigaciones en su territorio.
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