El nuestro es un país singular. Nos suceden las cosas más inverosímiles, con la particularidad de resultar normales para la gran mayoría. Nada nos asombra, pues en Colombia suceden diariamente nuevas aberraciones que borran de la memoria la más reciente. Que nos gobierne Iván Duque, en representación del Centro Democrático y Álvaro Uribe, parece ser la mejor prueba de ello. Todo se repite de manera descarada sin que pase nada.
Denunciaba por ejemplo el senador Jorge Enrique Robledo en la comisión Quinta del Senado, que el gobierno actual organizó hábil y premeditadamente las cosas para que uno de los dos bloques en que dividieron Electricaribe, Caribe Sol, quedara en las manos del Consorcio Energía del Caribe, propiedad de Alberto Ríos Velilla, quien según todo indica pagará por la adquisición una suma equivalente al diez por ciento del valor real de la empresa.
Negocio redondo que beneficia a un íntimo de Germán Vargas Lleras, quien para la época de la negociación adhirió oportunamente a la coalición política del gobierno. Nada de extraño tiene que sucedan estas cosas. Por estos días el gobierno, con la vocería de su partido en el Congreso, ejerce una campaña mediática para conseguir que se redima la condena que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia impuso a Andrés Felipe Arias.
El recurrido argumento del uribismo en conjunto es que Andrés Felipe no se robó un peso, como si la sentencia en su contra hubiera sido por hurto, dejando de lado intencionalmente que las conductas por las que se lo condenó a 17 años de cárcel y a pagar una multa de 30.000 millones de pesos, fueron las de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
La campaña apunta a generar un ambiente a su favor, justo cuando la Corte Constitucional está a punto de fallar una tutela relacionado con la posibilidad jurídica de concederle o no una segunda instancia. No debemos olvidar que el embajador de Colombia en USA, Francisco Santos, se atrevió a pedir ante ese gobierno que no lo entregara al país, a sabiendas de que se oponía a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
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El actual minagricultura, Rodolfo Zea, resultó otro Andrés Felipe
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El actual minagricultura, Rodolfo Zea, resultó otro Andrés Felipe. Con el agravante de que lo hizo abusando de la Emergencia Sanitaria decretada con ocasión de la pandemia del coronavirus. El 27 de marzo, la Comisión de Crédito Agrario presidida por él, creó una línea especial de crédito para apoyar a los productores del campo y garantizar la cadena de producción y el abastecimiento de alimentos en toda Colombia.
Según la denuncia del Contralor General, en cosa de tres días, ya habían asignado los créditos blandos aprobados. El 94 por ciento de los 226.000 millones fue para grandes empresarios, el 4 por ciento para medianos y únicamente el 2 por ciento se destinó a los pequeños campesinos, verdaderos destinatarios del programa. Los grandes favorecidos al parecer también habían sido donantes a la campaña Duque Presidente.
Algo semejante ocurre en otros escenarios. Las chuzadas del Ejército Nacional a diferentes personalidades del país y el exterior, que despiertan dudas en las altas esferas del Estado por su posición independiente del gobierno, reeditan episodios semejantes del gobierno Uribe. De remate estallan nuevos escándalos en esa institución que ponen de presente no sólo las contradicciones en la cúpula militar, sino la corrupción rampante que la corroe.
Hace poco más de un año unidades del Ejército Nacional asesinaron a Dimar Torres, reincorporado de las extintas Farc en el Catatumbo, sin que mediara ningún razonamiento distinto al odio inculcado por sus superiores. Y apenas dos días atrás la tropa volvió a emplear sus armas contra humildes campesinos que protestaban contra la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en clara violación de lo que se acordó en los Acuerdos de Paz de La Habana.
De nuevo en el Catatumbo, como para mostrarnos que todo sigue igual. Esta vez la víctima mortal fue Emérito Digno Buendía Martínez, campesino de 44 años y padre de seis hijos. Otros tres campesinos resultaron heridos con balas de fusil. En su envenenado designio, el gobierno maniobró erráticamente para que mediante una audiencia virtual, pudieran revivirse abiertamente las fumigaciones aéreas con glifosato. Todo lo anterior en plena pandemia.
En Ituango, los paramilitares exigen a los reincorporados de Santa Lucía y la comunidad aledaña, que consigan la salida del Ejército y la Policía de la zona, so pena de tener que marcharse ellos. La alerta temprana interpuesta ahora, repite otra aprobada meses atrás sin ningún efecto. El gobierno de Duque no hace nada al respecto. Por el contrario, su ministro de Defensa plantea alegremente modificar unilateralmente los Acuerdos de Paz.
Mentir, matar, encarcelar, perseguir, amenazar, sacar del escenario a quien los pueda poner en evidencia. Ajúa, uribistas.
