En octubre de 2021, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), que estaban a nombre del excongresistas y actual embajador en Venezuela, Armando Benedetti Villaneda y tres personas posiblemente relacionadas con él.
La operación fue producto de un proceso abierto por la Corte Suprema de Justicia bajo la presunción de enriquecimiento ilícito. En aquella época la DIAN le envió a la Corte información según la cual Benedetti no había justificado patrimonios correspondientes a los períodos 2009, 2014, 2016 y 2017.
Lo que no se sabía hasta ahora es que el 18 de noviembre de ese mismo año, poco tiempo después de la imposición de medidas cautelares sobre esos bienes, la Corte recibió un informe de policía judicial proveniente de la misma Fiscalía que precisaba que, luego de solicitar una ampliación de información a la DIAN, los vacíos sobre la información patrimonial habían sido llenados y no se advertían inconsistencias.
El documento, que podría servir de ‘salvavidas’ a Benedetti y hacer que la investigación se cierre, está firmado por Diego Andrés López Bautista, investigador experto del Grupo de Investigaciones Financieras – Sección de Investigaciones para las Finanzas Criminales.
Ese as podría servirle a Benedetti en momentos en que, después de su reunión del jueves 9 de marzo con el presidente Petro en la Casa de Nariño, su nombre comenzó a ser mencionado como posible candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Barranquilla. Su nombre llenaría el vacío dejado por el descrédito que enfrenta Nicolás Petro, hijo del mandatario, por cuenta de las revelaciones de su esposa Day Vásquez.
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