La JEP es un organismo, repito, inocuo, un triste estamento para dejar en libertad a delincuentes, sean estos narcoguerrilleros, narcoparacos, narcopolíticos, entre otros. Una mal llamada "Jurisdicción Especial para la Paz" creada al arbitrio de un Estado débil, infiltrado por la delincuencia, que impotente se propone perseguir un Estado incapaz de hacer cumplir la ley y gobernado por muchos que probadamente vienen siendo cuestionados, porque han caído en la corrupción si se entiende que solo ven al Estado como un negocio y no como la expresión política de lo que quiere el soberano.
¿Dónde quedó la compensación real de las víctimas? ¿Es la JEP una justicia especial en favor de los victimarios? Bien puede cuestionarse por corrupta la justicia ordinaria, pero, al menos, en esta, existe jurisprudencia que obliga a los delincuentes, aunque sea jurídicamente, a compensar a las víctimas por el daño generado.
La JEP se creó, porque para los delincuentes que negociaron con el gobierno colombiano en La Habana era muy incómodo acordar una reingeniería de la justicia ordinaria y someterse a esta, en tanto, este tipo de justicia tiene que aplicarse de manera general a todos los colombianos e implica purgar penas y compensar a los perjudicados.
En cambio, una jurisdicción especial de aparente juzgamiento como la JEP les serviría a los delincuentes que negociaron esa "tregua de paz" (llamo "tregua de paz" a esa negociación de La Habana, porque las Farc continúa con su brazo armado operando y haciendo daño pese a tener presencia en el Congreso), para darse su libertad sin tener que ofrecer mayores explicaciones y estar sometidos a penas privativas de su libertad y, mucho menos, tener que enfrentar su responsabilidad efectiva ante las víctimas.
En síntesis, quienes se presentan a confesar sus crímenes ante la JEP es porque ya saben de antemano que van a ser condenados por la justicia ordinaria; mientras, por medio de aquella jurisdicción, van a poder no solo evitar la cárcel, sino seguir disfrutando, de modo legal, de todo lo que pudieron conseguir ilegalmente y que, por estar en paraísos fiscales, es muy difícil de escrutar por el Estado con el propósito judicial de poderlos embargar o declarar su extinción en favor de las víctimas.
