La implantación de un IVA generalizado, una vez se ha declarado que no afectará a los más pobres, pues se ha concebido la manera de devolverles lo que han pagado bancarizándolos, parece ser una de los objetivos que más añoran quienes estudian de dónde se van a recuperar los dineros que por motivo de la pandemia han dejado las arcas oficiales más allá de los rines.
Una obligación que no tiene tutía en la actual situación como sí la tuvo siempre que había que enfrentarse a la escasa tributación tradicional, donde los grupos de presión adinerados siempre encontraron la forma de evadir su justa participación, acudiendo a los más redomados argumentos para no hacerlo. Una actitud habitual para quienes como las élites latinoamericanas —en especial la colombiana— permanecen divorciadas de la suerte de sus países de origen, pues estos no han hecho parte de su proyecto de vida económica de largo plazo como sí lo fueron para las de los países europeos y demás naciones cuya historia ha estado ligada a la propia suerte económica de sus clases altas.
Y esta vez no será diferente, aunque es posible que las necesidades en materia tributaria sean tan enormes que no se salven del todo, si las autoridades responsables deciden que por el bien del país —sí del país, no del bolsillo de algunos— deban por primera vez aportar lo que siempre se han negado. Y no faltarán las amenazas para no hacerlo como que se van con su plata para un sitio donde los impuestos no existan o aquellos sean suficientemente bajos, como si ello fuera posible en la actual situación del mundo entero.
Y un IVA generoso parece el instrumento más adecuado que para no afectarlos demasiado este se les aplica a los demás estratos, excluidos, por supuesto, los que de no hacerlo, llevarían a una situación social explosiva, de la que no serían amigos, pues están acostumbrados a la mayor tranquilidad concebible dentro del statu quo.
Y ahí estaría el peligro, porque parte de este podría recaer en proporción insuperable sobre la clase media-media y media-baja que no se derrumbó con la pandemia, pero que quedó seriamente limitada, y que por su importancia cuantitativa —27 millones de consumidores— dentro de la demanda de bienes y servicios cualquier impuesto nuevo sobre bienes normales causaría una caída apreciable que afectaría gravemente la economía interna y la suerte del país.
Cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) con base en datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane) hablan de que en el año 2019 de los 74,93 billones que se habrían podido recoger del IVA, el 81,7%, equivalente a 61,28 billones, no se hicieron efectivos porque corresponden a bienes y servicios que están excluidos de este impuesto.
La vista de los cazadores estaría puesta en buena parte sobre esta gruesa suma, que sea cual sea la tajada que pretendan sacar, se justifica según los economistas de Fedesarrollo porque recaería sobre ingresos altos y medios, y se extendería a productos y servicios tan esenciales que no importaría que cubrieran hasta las clases más pobres, pues para los más vulnerables existiría el mecanismo de devolución del impuesto pagado ya puesto en práctica.
Que la suma del nuevo impuesto del IVA no llegue a los 61,28 billones de que habla la Anif, no quiere decir que la porción a la que se aspire en este renglón vaya a ser de grado menor. Podría ser la mitad, podría ser la cuarta parte, lo importante es conocer qué porcentaje y suma de aquella le correspondería a la clase media-media, ya que la clase alta y media-media alta, según las estadísticas recientes del Banco Mundial -a las que el autor les ha reajustado la caída de 2 millones de personas en la pobreza que han previsto diversas instituciones con motivo de la pandemia- posiblemente no tengan problemas económicos para seguir demandando lo que les apetezca. Mientras las clase media-baja y baja serán poco lo que aporten si, como se mal propone, a la gran mayoría tocará devolverle lo que haya pagado por este concepto.
Estadísticas aproximadas del Banco Mundial para Colombia, nos indican que las clases altas (clase alta y media alta) constituyen 5.8 millones de personas, correspondientes al 12% de la población, mientras la clase media-media, tomándola en su conjunto, sumaría 10.1 millones personas para un gran total de 15.9 millones y el 21% de la población, sectores donde, por su capacidad económica, se concentraría el impuesto al valor agregado.
La clase media-baja con 17.0 millones y el 35%, y baja con 14.8 y el 31%, a pesar de ser el 66% de la población con 31.8 millones, poco aportará dado que en su gran mayoría no tiene capacidad económica, y de causarlo se les devolverá posteriormente, recurso que por antitécnico solo complicaría el proceso. En la mayoría sus ingresos son de mera sobrevivencia. Una cifra grande que, sin duda, incidirá en el porcentaje del nuevo impuesto y sobre el grupo de individuos sobre los que recaería para hacerse efectivo.
Si estimamos que el IVA que se concretara —dadas las limitaciones ya conocidas de la mayoría de la población— estuviera, para ser realmente contundente, en el 40% del que hoy se encuentra exento, es decir, unos 24.51 billones, a la clase alta, con 8.9 millones de ingresos mensuales en adelante y 5.76 millones de habitantes, le correspondería tributar 2.94 billones. Entre tanto, a toda la clase media-media con ingresos entre 2.9 y 8.9 millones de entradas mensuales y 10.1 millones de miembros, les tocaría aportar 5.14 billones, casi el doble de lo tributado por las clases altas. Una suma lo suficientemente grande como para pensar que la media-media, sobre todo la del nivel entre los 2.9 y los 4.9 millones de ingreso, que podría ser más de la mitad de toda la media-media, unos 5.1 millones de personas, deberán abstenerse de productos que lo incluyeran, lo que reduciría el consumo con nuevo gravamen a solo la mitad.
Entonces solo 5.1 millones de clase alta y 5 de clase media-media alta, es decir, 10.8 millones, el 22.5%, asumiría sin problemas su parte, mientras 5.1 millones de la clase media-media entre los 2.9 y 5 millones de ingresos mensuales, el 11%, estarían en problemas para afrontarlo pues no tendrían el ingreso suficiente, y, de hacerlo, no tendrían devolución. El resto, 31 millones, 66% de población media-media baja y baja, está lejos de cualquier consumo suntuario, y el normal, de gravarse la canasta básica, le sería devuelto.
Los 5.1 millones de la clase media-media, de ingresos entre 2.9 y 5 millones, requieren especial cuidado, no solo debido a su precario ingreso para subsistir sino por las difíciles circunstancias de pandemia en las que, hasta el momento, 2 millones de sus miembros han vuelto a ser pobres, cuando su promoción económica solo es posible, en un país subdesarrollado como el nuestro, gracias a eventos económicos excepcionales como lo fueron los altos precios internacionales de petróleo y la demanda china por combustibles, alimentos y materias primas durante un largo periodo, entre los años 2000 y 2016, suerte que parece imposible que se repita para pensar en recuperaciones.
Quién sabe si la magnitud de los daños en nuestras economías sean reparables si persisten los modelos de desarrollo que nos llevaron a ser impotentes en épocas normales, y si los ricos se recuperarán pronto de sus pérdidas, cuando aún parece remota la solución definitiva contra el coronavirus y las huestes que lo sucederán. Una buena pregunta para nuestros atenidos dirigentes.
