Las actuales elecciones presidenciales han tenido un común denominador: el manejo, gestión y uso de información sensible para beneficio de cada campaña.
Desde el caso de las chuzadas de Andrómeda, que ya nadie recuerda, y con todo lo que ha pasado con el cracker Sepúlveda, es evidente que se debe replantear muchos temas relacionados con el uso de la información estatal para beneficio particular, en esta ocasión para beneficio de algunos candidatos, como también revisar las garantías para el ejercicio del derecho a la privacidad de los colombianos.
Si bien es cierto que Colombia cuenta con normas como la ley de delitos informáticos, que introduce delitos como el acceso abusivo a sistema informático, la violación de datos personales y la interceptación de datos informáticos, entre otros, los últimos escándalos nos han mostrado que en el país todavía NO existe la cultura de la privacidad y la protección de la información.
Es fácil ver a través de las redes sociales, cómo los políticos y las personas del común justifican las chuzadas o la interceptación de comunicaciones a ciudadanos, a los negociadores civiles que están en La Habana, a personas del gobierno y a periodistas. Para algunos, estas conductas son vistas como algo bueno, ya que “el fin justifica los medios”. Muchos políticos siguiendo la falsa suposición de que más vigilancia equivale a mayor seguridad, quieren impulsar una Colombia donde la vigilancia sea una política de Estado.
En muchos casos se les olvida que desde la Constitución del 91, la privacidad es un derecho fundamental y que siempre que se quiera interceptar una comunicación se debe contar con la orden judicial. Es preocupante que las campañas electorales no respeten la privacidad, que hagan uso de información confidencial, y peor aún, que utilicen medios fraudulentos para apoderarse de esa información.
Asimismo, queda claro que las entidades públicas no tienen clasificada la información, ni cuentan con políticas de seguridad de la información o políticas de protección de datos personales. En el mes de marzo, se expidió la Ley 1712 de 2014, más conocida como la Ley de Acceso a la Información, la cual obliga a las entidades públicas a contar con procedimientos y formatos para la clasificación de la información, además, deben categorizarla en información pública o información pública reservada.
Es evidente que hay algunos avances pero falta mucho por hacer, y que en la sociedad actual, donde la información es un activo, no se puede permitir que un funcionario del Estado que, por ejemplo, se encuentra en los diálogos del proceso de paz, utilice un correo de Gmail o de Yahoo para manejar información sensible. Ya existen diversas herramientas como chat seguro o tecnologías para cifrar la información y con ello garantizar la integridad y la confidencialidad de la misma.
El uso de firmas digitales, electrónicas, anonimización de datos debe implementarse en las entidades del gobierno. Muchos de los delitos actuales tienen que ver con el mal manejo de bases de datos, información sensible o fugas de información.
Durante la primera vuelta de las elecciones, se reflejó un desconocimiento total por parte de los candidatos sobre las normas que regulan Internet, una total ausencia de planteamientos técnicos, e incluso una falta de posición sobre temas centrales como la privacidad o la neutralidad en la red.
El Internet en campañas presidenciales no solo debe usarse instrumentalmente, no basta con tener twitter para expresar opiniones políticas. En uno de los debates por televisión, se les preguntó a los candidatos presidenciales “qué hacer, en un eventual gobierno de ustedes, para regular el abuso de estos medios (Internet y redes sociales) y para controlar a los ciberdelincuentes que hacen de las suyas” (minuto 15:08 del video), y ninguno de ellos supo responder la pregunta; todos la asociaron con seguridad ciudadana. Es un deber de los partidos políticos proponer un uso responsable del Internet y de los medios electrónicos y dar ejemplo.
Qué bueno sería enseñarle a los candidatos y a muchos periodistas, la diferencia entre hacker, cracker o delincuente informático. Sería pertinente enseñar a las personas que la privacidad es un derecho, y que debemos exigir a las instituciones y al gobierno que se respete como tal.
La información y los datos son un todo, son un activo para cada persona. Colombia se ha caracterizado por ser un Estado donde se tienen múltiples fallos jurídicos respetando la privacidad. No permitamos que el uso de tecnología se convierta en una pérdida de intimidad o en un control abusivo de los datos.
Exijamos que la privacidad y el uso responsable de la tecnología, sean una bandera del gobierno que se posesione el próximo 7 de agosto.
*RedPaTodos es un colectivo de organizaciones e individuos de la sociedad civil que promueve un uso incluyente de Internet y aboga por el respeto a los derechos fundamentales y las libertades civiles de todos los colombianos en el entorno digital.
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