El decreto firmado el pasado 6 de abril por el presidente Donald Trump, que autoriza la explotación comercial de la Luna y otros recursos no terrestres —contradiciendo así las convenciones internacionales de 1967 y de 1979—, atenta gravemente contra la esencia del derecho internacional al generar desconfianza en la comunidad internacional y mayor disparidad al aumentar la desigualdad.
Lo anterior se explica al considerar el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967: la Luna y otros cuerpos celestes no pueden ser sometidos a ningún tipo de apropiación ni soberanía estatal. En el caso de la Luna, esta también es considerada patrimonio de la humanidad en virtud del Acuerdo de la Luna de 1979, lo que implica que sus recursos tienen que ser repartidos igualitariamente entre todos los Estados.
De esta manera, el decreto de Trump ignora el derecho internacional y acentúa las desigualdades tecnológicas entre las potencias espaciales y los Estados en desarrollo, pues en la actualidad no todos pueden acceder a los recursos espaciales y cuando muchos logren hacerlo ya se encontrarán en una situación de desventaja.
El programa espacial norteamericano ha sido muy claro: la explotación del espacio ultraterrestre sería liderada por el sector privado. Esto nos recuerda escenarios en los que, por falta de capacidad, los Estados recurren a privados para proveer servicios o bienes y ello desencadena una serie de problemáticas como la imposibilidad para las personas de acceder a estos servicios y beneficiarse de la explotación de los mismos. Así es como a nivel internacional se genera una concurrencia desleal entre las potencias espaciales y los Estados en desarrollo.
Pese a que la Carta del Espacio en su artículo 4 vincula los Estados con una responsabilidad por las acciones de los privados, muchas potencias espaciales como EE.UU. aprovecharon un vacío legal en el Tratado de 1967, el cual no especifica claramente la no apropiación del espacio ultraterrestre por parte de entes privados. De esta forma es como la administración Trump está yendo en contra del derecho convencional.
Trump acaba de firmar el inicio de una carrera ilícita hacia la apropiación de lo que nos pertenece a todos como humanidad
De modo similar, dicha orden ejecutiva despoja de cualquier autoridad a la comunidad internacional sobre la explotación y uso de la Luna y el espacio ultraterrestre, pues aquella rechaza de manera expresa cualquier objeción de las organizaciones internacionales ante su decisión y futuras acciones. Esta postura refleja una clara determinación por deslegitimar tanto los intereses como la voluntad de los Estados en consenso, actitud que fácilmente se puede extender a otras instancias (si ya no es evidente con la decisión tomada frente a la OMS).
Lo anterior pone en extremo riesgo la confianza sobre la que reside la validez del derecho internacional, así como la cooperación entre Estados. Sumado a esto, la ausencia de acuerdos abriría el paso a enfrentamientos sobre la explotación de recursos en el espacio.
Llegados a este punto, proponemos hacer uso de la lógica establecida para los fondos marítimos de alta mar (la zona), pues el derecho ultraterrestre comparte los principios fundamentales de la utilización pacífica y de no apropiación con la zona y el carácter de patrimonio de la humanidad con la Luna. El derecho del mar ha permitido encontrar un equilibrio entre las libertades y la protección de este espacio, pues observa la necesidad de tener en cuenta las realidades económicas al momento de regular.
Es así que el decreto de explotación de la Luna enciende las alarmas y revela la urgencia de crear un acuerdo vinculante que resuelva los contenciosos, el cual podría ser muy similar al de Montego Bay 1982 y sus estipulaciones sobre la exploración y explotación de alta mar y la zona. También proponemos desarrollar aún más el régimen de responsabilidad del derecho ultraterrestre basándose en el derecho del mar.
En resumen, es posible hacer un paralelo entre la Luna y la zona, y el espacio ultraterrestre y alta mar. Desde aquí consideramos que es posible iniciar una discusión fructífera entre Estados.
Como reflexión final, consideramos que Trump claramente tomó la decisión de emprender una competencia desleal y sin límites al emitir su decreto justamente en el marco de una crisis mundial, momento en el cual sus contrapartes no se encuentran en las condiciones de responder adecuadamente a la situación.
Indudablemente las oportunidades infinitas que presenta la exploración del universo para la producción merecen ser aprovechadas, pero las condiciones para ello que establece el accionar de Trump no son las más adecuadas. En general, el gobierno actual de Estados Unidos se aleja cada vez más de la multilateralidad de los organismos internacionales, prefiriendo así la bilateralidad. Ahora, cabe recordar que la falta de confianza y la ausencia de multilateralismo fueron factores que contribuyeron al desencadenamiento de las dos guerras mundiales, ¿qué podemos esperar de estos dos mismos factores en un escenario espacial?
En conclusión, EE.UU. ya empezó la nueva carrera al espacio, pero esta vez liderada por privados que ya cuentan con proyectos claros como el de la Luna 2024. Otros países no se quedarán atrás bajo estas circunstancias y los problemas pronto empezarán a asomarse por la ventana. Es vital, pues, tener esta conversación y actuar.
