Iván Duque condena a las víctimas del conflicto armado al no adoptar medidas diferenciadas, con carácter urgente, que conduzcan a proteger a nuestra población, que representa al 13% de la población colombiana (8.970.712) y está en inminente riesgo.
La llegada del COVID-19 constituye un factor de riesgo para diversos grupos sociales desprotegidos, pero especialmente para las víctimas del desplazamiento forzado (7.245.5629), ya que profundiza las vulnerabilidades ya existentes, y nos supedita a un impacto mayor frente a los riesgos futuros, dadas las condiciones socioeconómicas y la dependencia de ingresos provenientes de la economía informal.
La Unidad de Víctimas anunció que adelantará las indemnizaciones administrativas que iban a ser pagadas en mayo y junio: serán pagadas en abril. Se estima que con esta decisión, llegarán a 50.100 víctimas, de casi 9 millones de víctimas que somos, pero estos derechos ya adquiridos, por estas víctimas, no pueden presentarse como medidas de emergencia, además que sumados a la crisis estructural de vulneración de los derechos de las víctimas, resultan insuficientes.
El programa de indemnizaciones solo ha llegado al 10% de las víctimas del país y según las previsiones del Plan de Desarrollo del actual gobierno, solo se avanzará en un 5% adicional, en el mejor de los casos. Lo mismo ocurre con las reparaciones colectivas, ya que de 736 sujetos registrados oficialmente, únicamente 6 han terminado la ejecución de medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva.
En la población de víctimas persiste aún una crisis humanitaria grave, especialmente en los territorios de la costa Pacífica, el sur del país, la región de Catatumbo, zonas de Córdoba y Antioquia, entre otras. La ausencia de una política pública, que asegure soluciones permanentes de vivienda digna, trabajo formal, e ingresos dignos, entre otros, profundiza el desarraigo, la informalidad laboral y deterioro de la calidad de vida.
En los territorios más alejados y descuidados del país, la continuidad del conflicto armado sigue produciendo desplazamiento, asesinatos de líderes sociales, amenazas y revictimización. La pobreza extrema, la exclusión social y racial, y la ausencia de presencia institucional civil (infraestructura hospitalaria, personal médico, y elementos necesarios como lo son las unidades de cuidados intensivos) pueden generar un escenario perverso y trágico para la población víctima del conflicto armado. Un cóctel de Guerra, pobreza, ausencia institucional y COVID-19, podrían arrasar con miles de ciudadanos.
Teniendo en cuenta esta situación, la Mesa Nacional de Víctimas, en el comunicado Nº 006 del 25 de marzo del 2020, manifestó que las medidas anunciadas por el presidente Iván Duque: “No son suficientes, amplias y extensivas, para todas las víctimas del país…pues un gran porcentaje de las víctimas siguen teniendo un alto grado de vulnerabilidad, la gran mayoría viven de lo que a diario pueden conseguir, y durante esta cuarentena nacional no tendrán como subsistir a falta de alimentos, recursos para arriendo y servicios públicos”.
En el mismo comunicado se señala: “La Mesa Nacional de Víctimas rechaza categóricamente la poca voluntad del gobierno nacional para atender a la población víctima de este país, la negligencia y la irresponsabilidad con la que se actúa, abandonando el mayor porcentaje de víctimas a su suerte”.
Hago un llamado al gobierno nacional y a los gobiernos locales para asegurar condiciones básicas de vida y protección de las víctimas frente a la pandemia, teniendo en cuenta su situación, de vulnerabilidad y previendo los impactos sanitarios, sociales, económicos y psicosociales previsibles que plantea la situación actual.
Se hace necesaria una estrategia de atención diferenciada a la población víctima, en términos de una renta básica de emergencia, que brinde garantía de un ingreso mínimo vital, del acceso a salud y de la protección a la vivienda (pagos de arriendo). Además del abastecimiento de víveres y elementos de higiene, necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas.
La adopción de medidas de especial protección para la población víctima que presenta una alta vulnerabilidad al COVID-19, tales como adultos mayores, enfermedades respiratorias, diabetes u otras características de salud relevantes.
Desarrollar una políticas de protección, para las regiones afectadas, por factores de violencia estructural y de especial vulnerabilidad socio-económica.
La población víctima del conflicto armado está en grave riesgo frente a la pandemia mundial que vivimos, el gobierno nacional debe tomar medidas urgentes y prioritarias, antes de que suceda una tragedia mayor. El virus mata, pero el hambre y la exclusión también.
