Una grave crisis desatada en la Universidad de Sucre, así como en el 2016 ocurrió con la Universidad del Tolima, atenta hoy contra el derecho a la educación de los más de 6.000 estudiantes activos en esta institución.
Para nadie es un secreto que hoy las 32 universidades estatales del país sufren una desfinanciación atroz a causa del establecimiento de la Ley 30 de 1992 que regula el funcionamiento de la educación superior del país y la establece como un servicio público que se puede comercializar como cualquier otra mercancía y no como ese derecho inherente que tenemos los seres humanos. Lo anterior, priva aproximadamente al 28% del total de la población con bajo poder adquisitivo de acceder a una verdadera educación pública, gratuita y de calidad, sumiéndonos en el estado de ignorancia al que es bastante notorio que al gobierno central le conviene mantener.
Sumada a esta precaria situación nacional el alma mater del departamento de Sucre padece una crisis interna, agravada a raíz del pésimo manejo y la falta de gestión de los recursos pecuniarios y la excesiva negligencia de la administración de turno, en cabeza del rector Vicente Periñán, quien completará 9 años de mandato y su tercer periodo en el cargo. Durante este tiempo, en mi opinión, ha demostrado no cumplir con su principal función como administrador que es gestionar recursos para el óptimo funcionamiento del plantel académico. Esto se ve reflejado en los estados financieros de los últimos años, que muestran claramente que ese gran déficit presupuestal que hoy sufre la universidad se debe a los excesivos gastos en funcionamiento que se han aprobado a sabiendas de que los ingresos que la universidad estaba recibiendo cada año eran cada vez menores, tanto del ente nacional como departamental; lo dicho como consecuencia de la desfinanciación progresiva de la educación pública en el país y la eliminación de ingresos como la estampilla pro-universidad, que ha sido otro de los efectos resultantes de la disputa política que mantienen el gobernador actual y el rector, afectando así a la comunidad estudiantil.
Hoy la Gobernación de Sucre no responde con la transferencia de los recursos necesarios para el sostenimiento de la que es considerada la institución académica más importante del departamento y con ello poder dar cumplimiento de su objeto social contemplado en la constitución política de Colombia. Por eso, ante esta preocupante situación los estamentos docentes y estudiantes hemos decidido declararnos en asamblea permanente desde el pasado lunes 8 de mayo de 2018 con el objeto de ejercer mecanismos de presión ante la administración interna, la gobernación del departamento y el gobierno central, agrupados en defender y exigir las banderas de lucha que hoy se han planteado y se consideran las soluciones más concretas a esta grave situación.
Los estudiantes han planteado exigir una inyección presupuestal ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), también pedirle a la administración de turno una rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y tomar mejores decisiones en cuanto al manejo y gestión de recursos. Así mismo, proponen un aumento presupuestal por parte del ente departamental, pues hoy este se ha desentendido de su responsabilidad con el alma mater, en transferir los ingresos suficientes provenientes del departamento y las empresas que la componen para sostener a la única universidad pública del departamento y que hoy no representan ni el 10% del total de los ingresos que se recaudan desde tres rubros diferentes; ingresos por concepto de financiación desde el gobierno central que representan alrededor del 62% del total de los ingresos, los departamentales y los de autofinanciación que significan aproximadamente un 30% por conceptos de venta de bienes y servicios educativos, dentro de los cuales los recaudados por matrículas son alrededor de entre un 15 y 20% de los ingresos totales que a diferencia del resto de universidades públicas del país es bastante elevado.
Exigimos una inyección presupuestal desde el Ministerio de Educación, pues la situación que padece el alma mater hoy muestra una emergencia que merece ser atendida y que permita subsanar una crisis calculada alrededor de 5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos) al cierre del semestre, para lo que a la administración interna solo se le ocurrió solicitar un préstamo de 2.000.000.000 (dos mil millones de pesos) ante entes bancarios y a la que hoy nos oponemos puesto que acceder a este repercutiría en un déficit mayor en periodos siguientes, pues se asumiría una deuda a la que se le generarían unos intereses que deben ser cancelados ante las entidades financieras en conjunto con el crédito inicial y es claro no podrían ser respondidos si no es con una suma de dinero adicional que se recaude y que lo más probable es que repercuta en aumentos de matrículas de los estudiantes. Es más que claro que ante esta situación las universidades públicas no deben ser consideradas como empresas que generen ingresos adicionales a los que deben ser reinvertidos en producción de potencial humano representado en sus estudiantes, a través del fortalecimiento de la investigación, la innovación y la tecnología que son los tres pilares fundamentales de este ente académico y que al parecer están muy lejanos de ser fortalecidos.
De igual manera, la administración decidió hacer una solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidiendo que se aumentara el rubro transferido en 4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos), la cual fue negada aludiendo que se habían transferido recursos suficientes incluso por encima de lo establecido para el financiamiento de la universidad; solicitud que fue gestionada solo hasta el 19 de abril del presente año a sabiendas de que la crisis se había originado desde mucho antes y demostrando una vez más la negligencia y falta de gestión por parte de la administración interna actual en cabeza del señor rector Vicente Periñán.
Una vez más resaltamos nuestras banderas de lucha:
- Exigimos una inyección presupuestal ante el MEN.
- Exigimos a la gobernación hacerse responsable de su obligación con el alma mater del departamento, aumentando el presupuesto que esta hoy transfiere.
- Nos oponemos al crédito solicitado por la universidad. Los estudiantes no queremos pagar una deuda que no nos corresponde ni que futuras generaciones padezcan la crisis con mayor magnitud.
- Exigimos al gobernador actual cesar su disputa política con el rector y esclarecer los términos legales del dinero que hoy salda la gobernación, ante el alma mater por concepto de recurso pro estampilla universitaria.
- Que la corrupción no nos siga costando el acceso a una verdadera educación, pública, gratuita y de calidad.
