¿Gobierno en Línea o un Estado para las regiones?

El sistema de Gobierno Digital se ha configurado principalmente como una sofisticación del poder central. He aquí una revisión de la iniciativa y sus funciones no explotadas

Por: Daniel Fernando Eslava
abril 06, 2018
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¿Gobierno en Línea o un Estado para las regiones?

Estrategias de inclusión del internet, redes de conexión y masificación de servicios digitales para ciudadanos son los pilares principales del programa colombiano Gobierno en Línea, cuya acción se centra en 9 proyectos: programa para la excelencia del gobierno digital, ruta de la excelencia, datos abiertos, mi Colombia digital, no más filas, servicios digitales básicos, sello de excelencia, urna de cristal y cofinanciación.

Se busca que se integre este sistema a nivel central y a nivel territorial gracias al programa ecosistema digital, que busca llevar a todos los rincones del país una infraestructura digital de última tecnología. Claramente, este sistema se cierra y se complementa con las estrategias gubernamentales para el fomento de una industria TIC, con la expedición del CONPES 3866 de 2016.

Podríamos decir, en forma tentativa, que esta estrategia parte de una filosofía de democratización de la tecnología, no solo como la inclusión generacional en los avances tecnológicos, sino como el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las funciones del Estado.

No obstante, consideramos que el sistema de Gobierno Digital se ha configurado principalmente como una sofisticación del poder central por dos razones: La primera, que los planes y programas son pensados e implementados con una lógica central; es decir, para retos, problemas y necesidades pertenecientes a la población capitalina. En segundo lugar, Gobierno Digital únicamente es una herramienta del modelo ya existente de Estado, y como tal no modifica sus relaciones con las regiones (o las relaciones que al parecer no existen con las regiones más golpeadas con el conflicto armado).

Por ejemplo, examinemos un poco el proyecto de Carpeta Ciudadanaun servicio de nube pública para que cada ciudadano guarde archivos digitales de su interés para ser guardados en el futuro. ¿De qué sirve esto si la gente en las regiones más apartadas de Colombia no tiene acceso ni siquiera a un computador, sus ingresos son inferiores a la línea de extrema pobreza e inclusive no pueden acceder a educación básica por falta de escuelas?

Este programa, antes que acercar a todas las regiones, sería una reafirmación de ese Estado cuya versión desconoce abiertamente los problemas de las regiones.

No obstante, Gobierno en Línea está desaprovechando un uso potencial que le permitiría ser una herramienta eficaz como auxilio del Estado: Un puente entre el gobierno central y las regiones. ¿Cómo es posible esto? Proponemos que se haga en tres niveles básicos:

1) Instituciones digitalizadas para necesidades de comunidades alejadas o apartadas.

2) Conectividad y participación política de las regiones golpeadas por el conflicto.

3) Justicia Digital y resolución de conflictos vía digital.

Instituciones digitalizadas para las necesidades de comunidades alejadas o apartadas

Regiones como el Chocó, el Vichada o el Vaupés no se sienten parte de Colombia. No es un sentimiento de rechazo a una construcción de "colombianidad": Es la reacción al abandono estatal por más de 2 siglos.

Tal como se ha reafirmado en estudios como Basta Ya, informe de la Comisión (ahora Centro) Nacional de Memoria Histórica, este abandono estatal combinado con otros factores como pobreza multidimensional y poca (o nula) prioridad en programas de desarrollo humano, ha sido el caldo de cultivo para que las funciones de poder y dominio sean ejercidas por grupos al margen de la ley con diferentes dinámicas, como guerrillas, grupos paramilitares y carteles pertenecientes al narcotráfico.

Por tanto, Gobierno en Línea puede ser una plataforma que permita tener voz a las comunidades (no a la politiquería local, como actualmente sucede) para exponer sus grandes problemas, mostrar al gobierno central sus necesidades y sobre todo, relatar su versión de la historia del conflicto para comprender estos problemas que los aquejan. Problemáticas complejas como los cultivos ilícitos y su sustitución, alimentación y desarrollo humano podrían ser expuestas por quienes las viven, ante el gobierno central y, mediante la transparencia en la información, ante la ciudadanía.

Claramente, Gobierno en Línea sería un programa vacío y carente de sentido sin medidas que permitan la superación real de estos problemas, como programas de alimentación, democratización de la tierra para cultivos, sustitución de cultivos ilícitos con pleno apoyo. Es decir, es la visualización de los problemas para tomar acciones reales y en concordancia con las necesidades de las regiones.

Conectividad y participación política de las regiones golpeadas por el conflicto

Claramente, las regiones más apartadas y más golpeadas por el conflicto armado no tienen representación política a nivel central en el Congreso. Esto se debe, principalmente, al esquema politiquero de cacicazgo que busca la perpetuidad de familias o clanes políticos en el poder mediante el uso de maquinarias políticas. Estas últimas solamente buscan mantener poder, más no beneficiar a sus regiones.

Por esto, Gobierno en Línea puede ser una iniciativa que permita otorgar voz y participación directa a las comunidades afectadas: Indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianas. Sería una herramienta interesante que derruya el papel de los caciques políticos como únicos locutores de las regiones más apartadas, y otorgaría comunicación y participación política directa con el gobierno central, a las comunidades que estas maquinarias dicen representar.

Adicionalmente, la conectividad permite reducir a un nivel mínimo los costos de participación política de las regiones, que actualmente se traducen en viáticos que solamente son aprobados por quienes hablan en nombre de las maquinarias locales, y no de la comunidad. Herramientas tan simples como Skype pueden ser una poderosa fuente de diálogo entre el gobierno central y las regiones.

Para esto se requiere implementar dos programas: Desarrollo de infraestructura para conectividad digital, y dotación de herramientas tecnológicas que permitan la participación a líderes comunales y ciudadanía.

Y en general, para aplicar este esquema de conectividad digital territorial se requiere voluntad política.

Justicia Digital y resolución de conflictos

Este programa es una pequeña parte de la necesidad de intervención del Estado en las regiones a través de la justicia, sobre todo en el ámbito rural. Claramente, para esto se necesita fortalecer: Seguridad pública sólida para los ciudadanos que denuncien, para los jueces que conozcan y juzguen, despolitización de la carrera judicial, mayores recursos para juzgados promiscuos y municipales ubicados en sectores más golpeados del conflicto, tanto económicos como instrumentales.

Precisamente, es la Justicia Digital una de los instrumentos con los que se puede dotar a jueces promiscuos y municipales de los sectores más apartados del gobierno central. Para esto, se debe trabajar en dos frentes específicos: Digitalización de diligencias y litigio en línea.

¿Con qué fin se puede utilizar la digitalización de diligencias? Para ahorrar costos económicos y de tiempo en el desplazamiento de funcionarios judiciales a la realización de diligencias como declaraciones, interrogatorios, verificaciones de linderos (Nota mental: Sería interesante investigar la incidencia de conflictos de tierras entre miembros de una comunidad rural, en la violencia local. Podría partirse, por ejemplo, del uso de estadísticas judiciales sobre los procesos de deslinde y amojonamiento —"reacomodación" de linderos, o prescripción adquisitiva, y compararlos con los asesinatos registrados en cada municipio. Inclusive, podría examinarse aunque sea de forma precaria cuantos de esos conflictos fueron camuflados como "erradicación de colaboradores de la guerrilla" gracias al paramilitarismo)

Inclusive, esta digitalización permitiría a los campesinos ubicados en zonas rurales aisladas de cada casco urbano municipal, para asistir a audiencias, interrogatorios, o cualquier tipo de diligencia relacionada con un conflicto que tenga que tramitar ante la justicia. También, si se utilizase un sistema de información sobre los expedientes tramitados en municipios con grandes zonas rurales (y no solo en las grandes ciudades), gracias a infraestructuras digitales de conectividad permitirían a comunidades alejadas de cualquier casco urbano, verificar el curso de su trámite judicial y no retener esta información exclusivamente en cabeza de los abogados.

Otro beneficio sería la implementación de sistemas de litigio en línea que permitiesen la radicación de demandas, tutelas, recursos y cualquier otro tipo de solicitud ciudadana, ante los despachos judiciales, vía electrónica. Esto crearía un espacio amplio de protección de derechos de quienes no se pueden desplazar (o quienes pueden, consumiendo con ello horas o días enteros) a cascos urbanos, que son los centros de poder local donde se ubican los juzgados, las inspecciones y estaciones de policía.

Claramente, no son herramientas que cubren todas las necesidades de la justicia en las regiones, pueden ser un gran auxiliar en la agilización y acercamiento de los órganos locales de justicia a los ciudadanos.

Muchos sueños, pero ¿Qué necesitamos para esto?

Consideramos que se requieren 4 aspectos fundamentales:

1) Reglamentación legal del programa Gobierno en Línea y Justicia Digital en las regiones, con un criterio de acercamiento de la ciudadanía mas alejada, con el gobierno central.

2) Creación de partidas en el presupuesto (y su ejecución) para dedicación exclusiva al fortalecimiento de Gobierno en Línea y Justicia Digital en las regiones más apartadas.

3) Voluntad política para que la digitalización de las funciones públicas no sean un obstáculo para los ciudadanos y comunidades alejadas del poder central, así como para la reglamentación e inversión en estos programas.

4) Implementación coordinada entre ministerios, órganos judiciales y de control, junto con programas de capacitación a líderes sociales y comunales sobre estas herramientas.

5) Dirigentes dispuestos a creer e invertir en las regiones.

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