¡Gestión ambiental estatal sin democracia participativa!

¡Gestión ambiental estatal sin democracia participativa!

No obstante las 56 reformas en los últimos 22 años por el Congreso a la Constitución del 91 nuestra Carta sigue sin estrenarse en muchos aspectos...

Por: Armando Palau Aldana
abril 08, 2024
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¡Gestión ambiental estatal sin democracia participativa!

No obstante las 56 reformas hechas durante los últimos 22 años por el Congreso de la República a la Constitución del 91 (26 durante los gobiernos de Santos y Uribe), está claro que nuestra Carta Fundamental sigue sin estrenarse en muchos aspectos, particularmente en la materialización de la exclusiva soberanía popular de donde emana el poder público (artículo 3°), que modificó el viejo concepto supérstite durante 170 años y consagrado desde la primera Constitución de 1821, que ubicaba la soberanía en cabeza del abstracto concepto de la Nación.

Desde esta soberanía popular se confeccionó en la Constituyente del 91 la participación democrática para superar la hegemonía de la democracia representativa, pero esta meta se quedó en ciernes; así como la categoría de servidores públicos a disposición del pueblo, pues persiste el omnímodo poder gubernamental, legislativo y judicial de los funcionarios de alto nivel: presidente, ministros, magistrados, congresistas, gobernadores, alcaldes y secretarios departamentales y municipales, perturbando la gestión ambiental estatal.

Aunque nuestra Carta ordena que es fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural, en concordancia con el mandado de garantía de participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el derecho colectivo a derecho a gozar de un ambiente sano, el Congreso legisló hace 3 décadas limitando las audiencias públicas ambientales como instancia no deliberativa y no vinculante, lesionando a la postre el Tratado de Escazú.

Una retórica falaz estatal intenta conducir al pueblo colombiano por el camino de imposición de decisiones ambientales, que solo son comunicadas, pero jamás consultadas previamente al soberano poder popular, prueba de ello, la Ministra de Ambiente Susana Muhamad, nos impone la convalidación de la licencia otorgada por Santos para construir una Estación Guardacostas con un Radar y un Muelle militares en Gorgona; también está pensando notificarnos su Plan Nacional de Biodiversidad, sin que este provenga de las comunidades populares y ancestrales.

Mientras se impulso y sancionó, durante este gobierno, la ratificación legal del Tratado de Escazú como herramienta para acceder y facilitar ampliamente la información y la justicia ambientales, entre otras razones para detener el homicidio de líderes ambientalistas, en el que Colombia ocupa el primer lugar, la realidad es que el acceso a la información ambiental sigue siendo lacónico y no se promueve la democracia, debilitando el acceso a los derechos procedimentales direccionados a la participación y a la justicia.

El Tratado de Escazú, es una materialización del Décimo Principio de la Declaración de Río (1991), que estableció que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, para tener acceso adecuado a la información sin confidencialidad sobre materiales y actividades que encierran peligro, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la salud, la seguridad humana y el medio ambiente.

Del dicho al hecho hay mucho trecho. Un ejercicio de dialogo y participación convocado por la Ministra de Ambiente en Cali con las organizaciones ambientales y ambientalistas ha sido truncado por el mismo gobierno, pues las que llevamos tiempo haciendo activismo en defensa del entorno y sus recursos naturales hemos logrado provocar un escenario crítico de disenso creador, mientras que muchas de las organizaciones ambientales están a la espera de seguir aplicando a los procesos contractuales “el dinero es el estiércol del diablo”.

En el Congreso de la República una inscripción en latín dice “Vox populi vox dei” (la voz del pueblo es la voz de Dios), porque en la práctica la voz de los gobernantes en materia ambiental es la traidora voz de la oscuridad, como en el espectáculo comercial de la COP16. Como anillo el tango Yira Yira (1930) de Santos Discépolo dice: “Verás que todo es mentira / Verás que nada es amor / Que al mundo nada le importa / ¡Yira, yira! / Aunque te quiebre la vida / Aunque te muerda un dolor / No esperes nunca una ayuda / Ni una mano, ni un favor”.

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