Opinión

´Fracking´ sí o sí: la nueva “jugadita” del gobierno Duque

De “Colombia no hará fracking”, Duque pasó a ponerle acelerador al proyecto ´fracking´ aprovechando la suspensión judicial que tiene paralizada la decisión del Consejo de Estado sobre su normatividad

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junio 18, 2020
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´Fracking´ sí o sí: la nueva “jugadita” del gobierno Duque
Lo último del gobierno es la publicación de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental de los pilotos de ´fracking´

En el actual simulacro de democracia donde los gobiernos se hacen elegir por declaraciones mediáticas, estrategias publicitarias, y principalmente, por el dinero legal o ilegal de actores económicos interesados, el incumplimiento de promesas de campaña y el pisoteo a los derechos fundamentales son dos de las tantas prácticas que se nos imponen. En este orden de participación ilusoria, la trampa y la mentira se normalizan para defender los capitales a los que se debe la elección. Un ejemplo ilustrativo es el del fracking en Colombia, tema que apareció con fuerza en el debate de las elecciones de 2018, al ser los primeros comicios en los que, sin la presencia en armas de las Farc, la guerra perdió su natural protagonismo. En medio de aquella campaña, y después de que varios candidatos explicaran su posición, Iván Duque vio la necesidad de no quedarse atrás e intervenir así el 11 de abril de 2018, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga: “Tenemos una sobrexposición de ecosistemas diversos y complejos acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking”.

Las palabras del candidato Duque deberían ser leídas hoy por el Presidente Duque como orientadoras para tomar acción, puesto que recogen algunos de los argumentos que hacen impostergable la prohibición de la explotación de los no convencionales en el país. También los planteamientos del columnista Ricardo Lozano deberían ser fundamento, en el mismo sentido, para el Ministro de Ambiente Ricardo Lozano: “Los mayores impactos ambientales y sociales se presentan cuando estos fluidos ascienden al exterior, y a su paso los acuíferos pueden ser contaminados. Una vez estos líquidos de producción con dichos tóxicos llegan a la superficie también pueden contaminar las aguas superficiales o afectar a las personas encargadas de su manipulación y tratamiento”. Contrario a su argumentación, y sobre todo, a la honra de sus promesas de campaña, los señores Duque y Lozano utilizan el poder que ahora ostentan para imponer la agenda de los grupos económicos que representan, dictados nuevamente, por si nos quedaban dudas, en aquel documento de principios de pandemia donde se les urgía a “(…) considerar la aprobación de procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales”.

Lo han seguido al pie de la letra, como lo evidencia su última acción: la publicación de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental de los pilotos de fracking. Sacando provecho de la suspensión judicial actual, que tiene en vilo la decisión final del Consejo de Estado sobre la normatividad que sustenta el fracking, el gobierno ha avanzado a plena velocidad en su intención mientras no hay posibilidades de controvertir sus acciones ante la ley, y sin reparar en lo irresponsable de su táctica al abrir la posibilidad de demandas en tribunales internacionales en caso de que la legislación no les sea favorable.

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Si es el tiempo del ´fracking´, la megaminería, la deforestación y la fumigación con glifosato, ¿cuándo será el de la naturaleza?

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 Este hecho explicita, además del talante dictatorial, la falta de garantía a derechos constitucionales como el de participación, constitutivo de la organización del Estado, fin esencial y razón de ser de su existencia según el artículo 2 de nuestra Constitución, y en particular, del derecho al acceso a la justicia. De la misma manera, trunca las posibilidades de participación en temas ambientales, como enuncia el “Acuerdo de Escazú”, firmado en diciembre pasado como pantomima para quitarle el ambiente al paro nacional, y cuyo objetivo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales (…)”.

El 5 de junio, durante la celebración del día del medio ambiente, se publicaba lo siguiente en el twitter de Iván Duque: “el mundo enfrenta una pandemia que nos traza retos inmensos. En este contexto, el mensaje en el #DíaMundialDelMedioAmbiente es que de todo esto debe salir una mejor sociedad; el 2020 debe servir para repensar muchas acciones, porque este es el tiempo de la naturaleza”. ¿Será esta sociedad de la deshonra y el “todo vale” impulsada desde su gobierno aquella mejor de la que nos habla? Y si el suyo es el tiempo del fracking, la megaminería, la deforestación y la fumigación con glifosato, ¿cuándo será el de la naturaleza? Ese tiempo llegará el día en que la voluntad popular se imponga frente a gobiernos ejercidos desde la mala intención, en favor de los intereses que representan. Ese tiempo vendrá cuando las voces de las defensoras y defensores de los territorios, que entienden a cabalidad el sentido de urgencia necesario para enfrentar la crisis ecológica actual, sean tenidas en cuenta; escuchadas, y nunca más, silenciadas desde el poder.

 

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