El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá decidió anular el contrato de la Ruta del Sol 2.
Además, y de acuerdo con el análisis que hizo la Corte Constitucional sobre la Ley de Infraestructura (ley 1882), los árbitros ordenaron el pago de $211.000 millones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la concesionaria que encabeza la firma Odebrecht.
Los árbitros también ordenaron que $187.000 millones, que reposan en la fiducia, sean dispuestos como abono al pago de dicha deuda en favor de los terceros de buena fe.
El Ministerio de Transporte estaba buscando un acuerdo con los terceros de buena fe para pagarles $1,2 billones.
Se estimaba que las deudas totales a los terceros de buena fe, que son Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas; podían ascender a $2,3 billones.
Los abogados de las partes, representantes del sector empresarial y el procurador del caso estuvieron presentes para la lectura del laudo. Desde enero el Tribunal estudió documentos y practicó pruebas para impartir justicia. El laudo contiene 700 páginas.
