Acá los derechos fundamentales siempre tienen que ceder o esperar, y lo propio sucede con un incentivo como la prima.
Parafraseando El 18 brumario de Luis Bonaparte (Marx, 1852), aquello que comienza como tragedia, termina justificado mediante la comedia. En este caso, el gobierno, los empresarios, los medios y la sociedad, parecen "olvidar" antecedentes como el origen y la consolidación del antitécnico gravamen del 4×1000 (Decreto 2331 de 1998), expedido durante la emergencia económica invocada por el gobierno para enfrentar la crisis financiera, cuya vigencia temporal era de 1 año, y tenía como propósito salvar al sistema y proteger a sus clientes.
Es difícil continuar escribiendo o leyendo, porque la risa lo impide. Como esa medida, son innumerables los atropellos que repite en nuestra historia cada gobierno, afectando desde el nacimiento hasta la formación, pasado por lo que entiende por empleo hasta el poder adquisitivo, para finalmente extinguir la esperanza de una pensión.
Lamento la postura que expone el gobierno Duque, pues clama por una flexibilización pasajera y necesaria de los derechos laborales, aunque éstos son prácticamente inexistentes. Cuanto menos, benefician exclusivamente a una minoría, que tiene trabajo; peor aún, es incluso menor la proporción de colombianos que tiene algún tipo de representación sindical, pues este grupo de interés tiende a la extinción, por sus propias torpezas, es verdad, pero fundamentalmente porque el neoliberalismo y sus innovadoras formas de contratación disuelven en la práctica esta alternativa.
El problema no es lo que denomina el gobierno como desempleo, sino la informalidad y la exigua cantidad de colombianos que acceden a una pensión. Aunado a esto, la inequidad es reflejo de la minimización del mercado laboral, cuyo régimen está a su vez condicionado por el salario mínimo, que es insubsistente.
¿Por qué la mayoría de expertos y columnistas no abogan por una flexibilización de la ortodoxia? ¿Por qué no aprovechan la emergencia para realizar las reformas estructurales que este país necesita para promover y asegurar la dignidad humana y la equidad social?
Ideas que ya he reiterado, en anteriores columnas, claman por establecer un salario máximo; garantías de universalidad de ingreso, salud y pensión; eliminar los regímenes especiales, como el de las fuerzas armadas, para inducir equidad; reducir la semana laboral, a 25-30 horas, y eliminar los recargos nocturno, feriado, y las horas extras, que inflan los costos laborales y le quitan la oportunidad a otras personas.
Es inaceptable que resignemos ante la urgencia —tal como lo hicieron el presidente Duque y la alcaldesa López— estas reformas. Por demás, habida cuenta de lo que ha sucedido con la violación de tantos derechos fundamentales, es muy probable que la Corte Constitucional transija todo tipo de medidas impulsadas por este gobierno —igual que hizo con anteriores—, pues la actual crisis económica apenas difiere de la antigua normalidad, cuya cruda realidad precedía al fenómeno social que ha impuesto la pandemia.
Diferir la prima es otro paño de agua tibia para enfrentar la vulnerabilidad de nuestras empresas, la pobreza creciente y la desconfianza ciudadana. Y, en paralelo, seguirán abandonando a la mayoría, y la necesaria universalidad, gratuidad, calidad y sostenibilidad de los derechos fundamentales.
