Sobre las páginas de la historia, se han escrito múltiples casos de injusticia, muchos de ellos con sangre. Uno de los casos más emblemáticos es el arresto injustificado de Jesucristo, quien luego fue crucificado. Otro ejemplo es el de Galileo Galilei, quien en 1633 fue apresado por la Santa Inquisición debido a sus revelaciones científicas, las cuales más tarde cambiarían la concepción del universo. ¡Ojalá la historia no se vuelva a repetir en Colombia en el caso de Álvaro Uribe!
La justicia colombiana enfrenta una de sus mayores pruebas: decidir si se somete a la verdad o si cede ante las presiones de sectores políticos empeñados en destruir a Álvaro Uribe Vélez. Desde el inicio, el proceso contra el expresidente ha estado plagado de inconsistencias, sesgos y maniobras que dejan en evidencia que esto no es un juicio, sino una persecución.
El origen de esta historia se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda inició una estrategia sistemática para vincular a Uribe con el paramilitarismo. Para ello, visitó cárceles y recopiló testimonios de exparamilitares, algunos de ellos con evidentes motivaciones para declarar en contra del expresidente a cambio de beneficios judiciales. A pesar de las múltiples denuncias sobre la manera en que Cepeda consiguió estas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia no solo decidió archivar la investigación en su contra, sino que, en un giro insólito, abrió un proceso contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
¿Dónde están las pruebas reales contra Uribe? Esa es la pregunta que nadie en la justicia ha podido responder con contundencia. Se le acusa de intentar cambiar testimonios, pero las grabaciones presentadas no contienen una sola orden suya para que alguien mienta. Lo que sí evidencian es su intención legítima de defenderse de acusaciones falsas, verificando la veracidad de los testimonios en su contra. En cualquier democracia, el derecho a la defensa es sagrado; en Colombia, al parecer, no aplica si el acusado es Álvaro Uribe.
El proceso ha estado marcado por filtraciones a medios de comunicación, decisiones judiciales sin sustento sólido y una clara intención de desacreditar al expresidente ante la opinión pública. A esto se suma la actitud de Cepeda, quien, en lugar de comportarse como un denunciante serio, ha actuado como un activista obsesionado con destruir a Uribe, al punto de convertir el caso en una bandera política.
No se trata solo de Uribe, sino del precedente que se sienta para el país. Si se permite que la justicia sea utilizada como herramienta de persecución política, cualquier ciudadano podrá ser víctima de montajes y procesos sin pruebas. En este caso, la verdadera víctima no es Uribe, sino Colombia, pues la manipulación de la justicia con fines ideológicos hiere de gravedad la institucionalidad.
También le puede interesar: ¿Gobierno del pueblo o de los poderosos? La lucha por el Estado en América Latina
