Marielle Franco, socióloga de 38 años, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en las Favelas de Río de Janeiro en Brasil, denunciante de la violencia desatada en las favelas por los militares en su intervención contra los narcotraficantes, activista por los derechos de las mujeres, relatora participante de las comisiones del concejo creado para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar, fue asesinada.
Los disparos fueron originados desde otro auto y según las primeras investigaciones no se encontraron evidencias de que fuese producto de un asalto. Infobae relata que los ocupantes que se transportaban con la activista fueron acribillados también. Sin duda, el atentado contra los que promueven los derechos humanos es un golpe a la democracia.
Marielle Franco venía de intervenir en un acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa, en el centro de Río. Pocos minutos después, los asesinos la interceptaron en la calle Joaquim Palhares, en la zona conocida como Estácio, y comenzaron a disparar por la ventanilla de atrás del coche con el claro objetivo de alcanzar a la concejal, que recibió cinco disparos, según el diario carioca O Globo.
Incluso en una ciudad tan acostumbrada a la violencia como Río, el crimen ha provocado una fuerte conmoción, ya que presenta algunas características inéditas hasta ahora. Si bien los muertos se cuentan a diario, en la mayoría de las ocasiones son producto de enfrentamientos entre la policía o entre grupos de traficantes en disputa por un territorio, que en muchas ocasiones se cobran la vida de vecinos como víctimas colaterales.
Han existido asesinatos de activistas y políticos de barrio, pero nunca se había producido lo que los compañeros de la víctima y la propia policía no han dudado en calificar como la "ejecución" de una persona con tanta notoriedad pública y en pleno corazón de la ciudad. Palabras como "mexicanización" comenzaron a inundar las redes sociales en las horas siguientes al crimen. El asesinato es un golpe a la nueva política de seguridad del Gobierno federal, que el mes pasado decidió entregar al Ejército el control del orden público en Río ante la imparable escalada de violencia, como relata el diario El País.
Amnistía Internacional y la organización de abogados del país exigieron al Gobierno una investigación rigurosa para aclarar las motivaciones del asesinato. "Es un crimen contra toda la sociedad y ofende directamente los valores del Estado de derecho", afirmó en un comunicado la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
Esperemos que cese su expansión y se contraiga hasta su extinción.
