La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde enero de 2025, se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumple una condena superior a cinco años por su participación en los hechos vandálicos ocurridos durante el Paro Nacional de 2019. Barrera fue hallada culpable de los delitos de daño agravado en bien ajeno, instigación a delinquir con fines terroristas y alteración del transporte público colectivo, luego de que publicara un video destruyendo con un martillo la estación Molinos del sistema TransMilenio, al sur de la capital.
El caso judicial ha tomado un rumbo complicado. La defensa de la influenciadora, encabezada por el abogado Francisco Bernate, solicitó ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá el beneficio de detención domiciliaria. Sin embargo, la petición fue rechazada bajo el argumento de que Barrera no cumple con la condición de madre cabeza de hogar. Además, el juzgado señaló que el establecimiento penitenciario cuenta con condiciones adecuadas para la atención de su hija, como salas de lactancia, descartando así uno de los principales fundamentos de la solicitud.
La mala gestión de la condena de Epa Colombia
Bernate también ha cuestionado la interpretación del juzgado respecto a la ley de utilidad pública, la cual permitiría reemplazar la pena de cárcel por trabajos comunitarios. Según el abogado, el juez consideró que Barrera no vivía en condiciones de marginalidad en el momento de los hechos, lo cual va en contravía del enfoque promovido por el Gobierno nacional que aboga por una interpretación más amplia y socialmente inclusiva de dicha ley.
Otro punto crítico para la defensa ha sido la evaluación del entorno familiar de Barrera. Bernate expresó que no se tuvo en cuenta que la influenciadora forma parte de la comunidad LGBTI+ y que vive en unión con su esposa, Karol Samantha Barbosa. “El análisis se hizo con parámetros tradicionales que no reconocen otras formas de familia”, afirmó el abogado, señalando una posible discriminación estructural en el proceso.
La crisis de su empresa y la millonaria multa que deba pagar
También está viviendo una crisis económica que amenaza la estabilidad del negocio que Barrera construyó tras hacerse conocida en redes sociales. Su empresa de productos capilares, que en 2022 llegó a tener 350 empleados, enfrenta ahora serios desafíos financieros. Actualmente, la administración de la compañía está a cargo de su esposa y otros familiares, aunque no se han revelado datos específicos sobre su viabilidad económica.
Sin mencionar que le están pidiendo una reparación económica por los daños que realizó en TransMilenio. La empresa solicita una compensación de 467 millones de pesos, mientras que Recaudo Bogotá y la aseguradora Chubb Seguros reclaman en conjunto otros 152 millones. Esto se suma a los cerca de 300 millones de pesos que Barrera ya había pagado previamente. Durante una audiencia reciente, la influenciadora expresó su deseo de llegar a un acuerdo, aunque manifestó que las nuevas cifras son desproporcionadas: “Estoy arrepentida, pero no puedo pagar toda una estación de TransMilenio”, declaró.
La defensa trabaja contrarreloj para lograr una conciliación antes del 26 de mayo, fecha límite establecida por el juzgado. Mientras tanto, Barrera permanece recluida sin acceso a estudio ni trabajo dentro del penal, lo cual limita sus posibilidades de redimir parte de su condena. Según Bernate, la influenciadora se encuentra devastada, sintiendo que las puertas se le cierran y que deberá cumplir la totalidad de su pena tras las rejas.
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