Los hallazgos arqueológicos suelen maravillar a la gente por su misterio. Tanto para el arqueólogo como para el público en general resulta emocionante adentrarse en las profundidades de un yacimiento en el que reposan los restos de antiguas culturas. Excavar un yacimiento arqueológico es como obtener autorización para entrar a la casa de otras personas, a explorar sus objetos, sus vidas personales y sus costumbres; con el aliciente adicional de que estas personas antiguas nos precedieron en el tiempo, y ahora nos permiten conocer una pequeña parte de los secretos de su existencia.
Al igual que no entramos en casas ajenas sin pedir permiso, la excavación arqueológica no está exenta de un ritual de decencia hacia el yacimiento. El arqueólogo que desee excavar en Colombia debe pedir una autorización de intervención al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), presentando un proyecto que demuestre un interés legítimamente científico. Así mismo, para que los yacimientos arqueológicos sean protegidos, la Ley 1185 de 2008 estableció que en todo proyecto de construcción de redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial y demás obras que requieran licencia ambiental, antes de que haya movimiento de tierra se debe hacer previamente un estudio arqueológico que permita conocer, recuperar y proteger los vestigios arqueológicos que puedan estar en el subsuelo. Y el decreto 763 de 2009 estableció que tales estudios también debían hacerse en los proyectos de más de una hectárea de extensión que requirieran licencia de urbanización, parcelación o construcción.
Gracias a este marco legal, se han explorado científicamente en Colombia multitud de yacimientos arqueológicos, que de otro modo habrían sido destruidos por las retroexcavadoras. Nunca antes obtuvo el país tanta información sobre su pasado como en estas dos últimas décadas, ni se escuchó con tanta frecuencia de grandes descubrimientos, algunos con buena cobertura mediática, como los hallazgos en Metrovivienda en Usme, Metrocable de Bogotá, el Tranvía de Ayacucho en Medellín, y la subestación Nueva Esperanza en Soacha.
Sin embargo, a pesar de estos grandes logros, desde el Estado ha iniciado un movimiento de desmonte de la legislación que protege el patrimonio arqueológico en el país, al mismo ritmo y con la misma intencionalidad con que se han ido eliminando los controles legales ambientales en los proyectos de infraestructura. El primer hito en este proceso regresivo fue la expedición de la Ley 1882 de 2008, cuyo artículo 3 le quita a los arqueólogos la titularidad de las autorizaciones de intervención que expide el ICANH y se la transfiere a las empresas que realizan las obras. Lo cual significa que la autorización para intervenir deja de estar en manos del profesional capacitado y conocedor del delicado y paciente trabajo de excavación arqueológica, y pasa a estar en manos de una empresa cuya función no es la de hacer estudios científicos, sino la de adelantar obras con maquinaria pesada. Aunque se supone que la empresa debe contratar un arqueólogo para que haga el “acompañamiento” (extraño eufemismo usado en la nueva ley), este pasa a ser una figura secundaria sin poder de decisión, un profesional cuya ética queda comprometida y a merced de las decisiones de la empresa titular de la Autorización.
Un segundo hito fue la reciente expedición del decreto 138 de 2019, en el que se elimina también la obligatoriedad de los estudios arqueológicos en las obras mayores a una hectárea que requieran licencia de urbanismo, parcelación o construcción. Esto significa que en lo sucesivo en este tipo de obras ni siquiera se intentará hacer estudios arqueológicos previos. En adelante, en las grandes áreas urbanas, como Bogotá, Medellín, Tunja, Soacha, Popayán, donde la gente ha estado viviendo por milenios, y donde por tanto hay multitud de vestigios arqueológicos de inmenso valor cultural, las retroexcavadoras podrán entrar libremente en los terrenos y convertir los vestigios de antiguas aldeas, cementerios, y viviendas indígenas y coloniales, en montones de escombros para arrojar al botadero.
Como si todo lo avanzado por Colombia en materia de investigación arqueológica nada valiera, estas medidas legales regresivas echan para atrás todo el desarrollo legal histórico de protección de un patrimonio arqueológico cuyo valor es reconocido por la propia Constitución en su artículo 72. Se olvida que el ser humano no es una flor del campo que vive solo un día. En un país sin memoria, seguiremos viviendo en medio de la bruma de los siglos, sin un pasado que ayude a dar claridad al futuro que deseamos construir. Desde la Asociación Colombiana de Arqueología rechazamos de manera enfática estas medidas de desregulación del sector de la arqueología preventiva en el país, que lesionan el valor de la nación y anuncian un retorno a tiempos de inconsciencia que ya se creían superados.
