En plena coyuntura electoral, los estudiantes vuelven a marchar

El próximo 25 de abril, universitarios de todo el país saldrán a las calles para reclamar la financiación necesaria para el funcionamiento de la educación superior pública

Por: Camilo David Cárdenas Barreto
Abril 24, 2018
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En plena coyuntura electoral, los estudiantes vuelven a marchar
Foto: EFE

Aquí trataré de explicar el porqué y enunciar en qué circunstancias se da esta movilización.

En los pasados 17, 18 y 19 de marzo se llevó a cabo en la Universidad Nacional el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior —Enees—, el cual contó con una asistencia aproximada de 1500 estudiantes que llegaron a los siguientes acuerdos según su declaración final:

a) Rechazo al proyecto de Ley 275 que convierte a Ser Pilo Paga en política de Estado.

b) Rechazo al Sistema de Financiación Contingente al Ingreso —ya aprobado—, que aunque presenta beneficios para deudores del Icetex posibilita el desvío de recursos públicos de la educación a programas como Ser Pilo Paga.

c) Rechazo al Sistema Nacional de Educación Terciaria.

Por último, el Encuentro convocó a una movilización nacional para los días 24 y 25 de abril. No obstante, esta fecha se actualizó: la gran movilización nacional de estudiantes universitarios se realizará este 25.

Que este modelo de subsidio a la demanda —con Ser Pilo Paga (SPP) a la cabeza— es perjudicial para la financiación de la educación pública y la cobertura de la educación superior, es claro cuando uno va a las cifras: según los datos presentados por Adolfo León Atehortúa, para la tercera versión de Ser Pilo Paga, “[e]l costo de los 40 mil estudiantes previstos […] puede llegar a superar los 3.5 billones de pesos, incluidos los subsidios de sostenimiento, sin considerar los costos adicionales de la deserción. Esta suma —¡para sOlo 40 mil estudiantes!— es semejante a la girada por la Nación a las universidades públicas para la atención de 600 mil estudiantes en un año”. Además, un 94% de recursos fueron a parar en esta versión de SPP a universidades privadas, a pesar de que el gasto de funcionamiento de las universidades públicas aumenta cada año. Es decir, con SPP en su tercera versión se usaron recursos públicos, que en su gran mayoría fueron a universidades privadas, para financiar aproximadamente 40.000 estudiantes, cuando se podrían beneficiar 600.000. El programa SPP, pues, resulta siendo una política costosa que privilegia la libertad de elección por encima de la posibilidad de una educación pública masiva de calidad. Y sin embargo, se pretende hacer de SPP una política de Estado.

De otro lado, la reforma tributaria de 2016 —Ley 1819—, que subió el IVA del 16 al 19%, designó que del aumento del 3% del IVA se destinaría un 0.5% a la financiación de la educación superior, con un 40% de este mismo 0.5 destinado específicamente para la educación superior pública. En total, de acuerdo con Gerardo Mejía Alfaro, gerente nacional financiero y administrativo de la Universidad Nacional, la educación superior pública —que también incluye instituciones técnicas y tecnológicas— debería recibir por recaudo del IVA aproximadamente 520.000 millones de pesos. ¿Dónde están? La misma reforma tributaria contempló que el fondo —FoSIES—, que regula el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso, puede recibir estos recursos del IVA, inicialmente destinados para la educación pública, para “la financiación de programas consistentes en becas y/o créditos educativos otorgados por el Icetex”, con lo que se creó la posibilidad legal de desvío de recursos, supuestamente para la educación superior pública, a favor de SPP, como lo denuncia Gerardo Mejía Alfaro.

Razones para protestar contra la desfinanciación estructural existen. Se han esbozado algunas de ellas. Pero otro asunto es cómo la comunidad universitaria y la sociedad colombiana interiorizan estas razones y legitiman una nueva marcha en plena coyuntura electoral; cómo, en fin, se puede definir y valorar el papel de la educación superior pública en un país tan desigual e industrial y científicamente rezagado como Colombia. Asimismo, está por verse si tras el proceso del Enees, que pretende recoger la experiencia histórica del pírrico movimiento de la MANE de 2011, puede forjarse un nuevo movimiento estudiantil de carácter nacional y, si se logra, qué tanto afectará este fenómeno en los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

Asimismo, en vista de los cuestionamientos anteriores, hay que tener en cuenta que la movilización se dará en una coyuntura complicada de retraso e improvisación en la implementación de los Acuerdos de La Habana, un proceso con el ELN en vilo por cuenta de los crímenes cometidos por alias Guacho —disidente de las otrora Farc— contra periodistas ecuatorianos, un recrudecimiento del conflicto por el control del negocio del narcotráfico en el Catatumbo entre el ELN y el EPL, una ola de asesinatos contra líderes sociales y en general, un creciente ambiente de polarización e inconformidad políticas ante un Gobierno deslegitimado incapaz de ejecutar reformas para garantizar alguna paz «estable y duradera» y controlar efectivamente el territorio.

Dadas esas condiciones, una nueva batalla democrática por la educación superior pública está a punto de estallar.

Adenda: la senadora Claudia López fue uno de lo congresistas que impulsaron la ley que establece el Sistema Contingente de Financiación con el Ingreso, que pese a tener claros beneficios para deudores del Icetex permite, gracias a la reforma tributaria de 2016, el desvío de recursos públicos hacia programas como Ser Pilo Paga, lo cual contribuye, nuevamente, a la promoción de políticas de endeudamiento y de desfinanciación de la educación superior, como ya se explicó. ¿Qué pensarán al respecto los polistas que apoyan la vicepresidencia de Claudia López?

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