La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó un artículo dentro del proyecto anticorrupción impulsado por el gobierno Duque considerado una ley mordaza. Con 73 votos a favor y 51 en contra quedó reglamentado el artículo 68 que busca proteger a los funcionarios públicos de acusaciones en su contra, es decir, todo aquel que señale a un funcionario o exfuncionario podrá ser denunciado por injuria y calumnia y perdería su personería jurídica, en caso de ser una organización. Este es un ataque a la prensa, y aunque el artículo fue modificado y se logró eliminar los castigos penales que iban de 60 hasta 120 meses de prisión y una multa que podía llegar a los 12 mil salarios mínimos, recibió el favor de los congresistas.
El proyecto anticorrupción que llevaba consigo el mico fue radicado en octubre de 2020 y tiene como autores a la entonces ministra del Interior, Alicia Arango; el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz; entre otros funcionarios del Gobierno. El artículo se cocinó en Palacio y por ende debió tener el control de la Secretaría Jurídica de Presidencia, encabezada en aquel momento por Clara María González, quien a los dos meses, en diciembre de 2020, renunció a su cargo dejando el artículo como regalo de despedida y fue reemplazada por Germán Eduardo Gómez. Al final el proyecto cayó en manos del representante de Cambio Radical, César Lorduy, quien fue su ponente, lo impulsó y defendió a capa y espada.
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