En la pandemia, la consulta previa no puede institucionalizar la injusticia

El COVID no puede servir para reducir los derechos de los indígenas a simples requisitos procedimentales. A propósito de los wayúu de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha

Por: Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017
septiembre 30, 2020
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En la pandemia, la consulta previa no puede institucionalizar la injusticia
Foto: Leonfd1992 - CC BY-SA 4.0

En el contexto de la pandemia del COVID-19, Colombia sigue en la búsqueda de producir y comercializar energía renovable. En La Guajira más de 600 comunidades wayúu de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha se encuentran expectantes de las consultas previas, en las que se determinarán las condiciones para que en el territorio ancestral se instalen cerca de 2.600 aerogeneradores en 65 parques eólicos, proyectos que entrarían en funcionamiento en el 2031. Por las restricciones que impone el aislamiento social preventivo, desde el sector privado se elevan diferentes voces solicitando de urgencia el desarrollo de las consultas previas por medios virtuales, otros menos moderados proponen la consulta previa “abreviada”.

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, cuya garantía debe darse de manera obligatoria siempre que se pretendan tomar medidas administrativas o legislativas que puedan impactar a las comunidades. Con la garantía de este derecho, se busca proteger la autonomía de dichos pueblos a la hora de decidir respecto a intervenciones a través de proyectos con incidencia social, económica, cultural y ambiental en su territorio.

Frente a la responsabilidad que tienen los estados en torno de la protección de este derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado repetidamente recordando que este derecho garantiza a su vez la supervivencia individual y colectiva de los pueblos indígenas. De igual manera, ha llamado a los estados a no reducir este derecho a un requisito procedimental para los proyectos que puedan afectarles, sino darle la relevancia de derecho fundamental en el cual se debe dar la participación efectiva, teniendo en cuenta las particularidades culturales de cada comunidad, así como sus instituciones y formas de organización.

No obstante, a pesar de la importancia de este derecho para la garantía de la pervivencia cultural y humana de los pueblos étnicos, el mismo ha sido objeto de debate por parte de varios sectores, quienes consideran que el mismo se constituye en un “trámite” que impide el desarrollo económico de las regiones. Ejemplo de esto, fueron las solicitudes elevadas al gobierno nacional para ajustar el “trámite” del derecho de petición debido a la pandemia del COVID-19.

Esas propuestas realizadas durante el pasado mes de abril llevaron a que el Ministerio del Interior pusiera en marcha la posibilidad de llevar a cabo consultas previas de manera virtual. Empero, dicha situación tuvo que ser revertida dado que no tenía en cuenta el contexto de bajo acceso a tecnologías que tienen las comunidades y por ello resultaba contraria a sus derechos.

Esta frustración, ha traído de vuelta la percepción errónea sobre el derecho a la participación informada de los pueblos indígenas como “obstáculo” y una piedra en el zapato para el desarrollo del país, debido al tiempo que llevaría llegar a acuerdos y el riesgo sanitario de hacer largas jornadas de concertación, pues como se ha adelantado tradicionalmente, se requiere tener a múltiples personas y actores en un mismo sitio.

Respecto a la consulta previa en tiempos del COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó el pasado 4 de junio de 2020, la importancia de que los Estados garanticen los procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para las comunidades indígenas sobre cualquier nueva política de recuperación económica que pueda impactarlos, en especial en lo referente a la apertura de territorios indígenas a megaproyectos extractivos o de infraestructura.

Es necesario volver la mirada al diálogo genuino como base de la consulta previa. Para esto, cabe recordar lo dispuesto en la Sentencia T- 302 de 2017, mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira y en donde ordena la protección del derecho a la participación mediante la implementación de un diálogo sin prejuicios entre el gobierno nacional y las autoridades indígenas. Según lo dispuesto en la precitada sentencia, el garantizar espacios de participación amplia y efectiva con los pueblos étnicos, mediante un diálogo genuino ayudaría a la reactivación económica del país, dado que aumentaría la legitimidad y efectividad de las acciones que se pretendan implementar.

Más que pensar en cómo “simplificar el trámite” de la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas para reactivar la economía en el contexto del COVID-19, debería pensarse en innovar las medidas para establecer diálogos efectivos entre las comunidades y las autoridades, teniendo en cuenta los protocolos necesarios para proteger la salud de los participantes en dichos espacios colectivos.

La pandemia del COVID-19 no se puede tomar como una excusa para reducir derechos fundamentales como la consulta previa, la participación y la autonomía, a meros trámites o requisitos procedimentales. Más bien, es la oportunidad para garantizar dichos derechos que han sido vulnerados históricamente a los pueblos indígenas y que ha contribuido a la existencia de situaciones como el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, requiriéndose de una alta dosis de diálogo genuino, sin prevenciones, dirigido a salvar las vidas de los niños wayúu, su cultura y su pervivencia como pueblo.

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