Cualquier persona que lea la Constitución de Colombia sin vivir en el país, concluirá que se encuentra ante una obra perfecta. Pensará que nuestra sociedad es un modelo de garantías; en pocas palabras, que este es el "país de las maravillas". Nuestra Carta Política es una de las más modernas del mundo, pero el papel lo aguanta todo.
La realidad choca de frente contra un país desigual e indolente. La prueba irrefutable de esta fractura es el desgarrador caso del niño Kevin Arley Acosta (q.e.p.d.). Nuestra Constitución proclama la protección a la vida, pero ¿cómo se explica que un niño con hemofilia A severa muriera tras dos meses esperando un medicamento urgente? Kevin falleció tras una caída en bicicleta sin recibir el tratamiento que la Nueva EPS nunca le entregó. La retórica constitucional se desmorona ante la negligencia administrativa.
En un país donde unos pocos lo tienen todo, la desigualdad es una sentencia de muerte. A un niño de "mejor familia" no le sucede lo que a Kevin; para él siempre habrá prioridad. Esta tragedia es el patrimonio exclusivo de los pobres, de quienes terminan consumiéndose mientras esperan una medicina que nunca llega. Es inaceptable que el sistema público le arrebate la dignidad al ciudadano de a pie.
La Nueva EPS, la más grande del país, se encuentra intervenida por un Gobierno que parece haber acelerado su deterioro. Es imposible olvidar cuando el presidente sugirió que el sistema caería como un efecto dominó: 'zu, zu, zu'. Lo que ocurre hoy es el reflejo de un "negacionismo deshumanizante", como catalogó el exministro Gaviria la actitud del mandatario y de su ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Lejos de asumir la responsabilidad, optaron por la revictimización al culpar a la madre del menor.
No podemos olvidar el caso de Sanitas EPS, donde la intervención estatal resultó ser peor que la enfermedad, una medida que la Corte Constitucional debió revertir. Ha quedado claro que la intervención ha sido un garrote para someter a las entidades mediante el retraso deliberado en el giro de los recursos.
Lo ocurrido con Kevin Arley Acosta no fue un accidente administrativo, sino un homicidio por omisión que debería acarrear consecuencias penales contra el Ministro de Salud. El artículo 44 dicta que 'los derechos de los niños prevalecen', pero hoy esas palabras son letra muerta. La injusticia en Colombia tiene rostro y nombre: Kevin, un niño sacrificado por la desidia en el país que se dice ser 'Potencia Mundial de la Vida'.
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