¿En dónde quedan los afrocolombianos tras el acuerdo en La Habana?

'Debemos tener participación en la mesa, más si se discute sobre nuestros territorios'

Por: * Aiden Salgado Cassiani
septiembre 30, 2015
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¿En dónde quedan los afrocolombianos tras el acuerdo en La Habana?

Los acontecimientos recientes del proceso de paz que se discute en La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia sobre justicia transicional, y el anuncio del 23 de marzo de 2016 como fecha final para la firma de los acuerdos del fin del conflicto; y 60 días después de la firma para la dejación de las armas por parte de la guerrilla. Son bien recibidos por las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, ya que pone fin a un ciclo de confrontación armada entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP con el objetivo de ponerle fin al conflicto social y político armado más viejo de América.

¿Qué va a suceder con las comunidades asentadas en los lugares donde se va a materializar dichos compromisos? Según el primer punto: Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, este acuerdo que sienta las bases para la transformación del campo colombiano puede ser toda una revolución agraria, por la creación de un buen número de programas para el desarrollo integral del campo en los lugares donde se va a aplicar. Para ello se priorizan los lugares donde se van a desarrollar; territorios abandonados por el Estado, en miseria y afectado por el conflicto. Podríamos decir que todo el Pacífico colombiano, habitado mayoritariamente por comunidades étnicas, cumple con dicho criterio. En estas zonas se crean condiciones para un buen vivir y un nuevo orden político administrativo, con nombres de  Fronteras agrícolas, zonas de reserva campesinas, unidad agrícolas familiar para la formalización de la propiedad agrícola. Todas estas formas con el respeto de las formas administrativas y de convivencia de las comunidades indígenas y afros. Todas estas formas políticas administrativas del campo se materializarán a través de la creación de un fondo de tierras, y un reglamento especial en esas zonas priorizadas. Y será administrado por el programa de desarrollo con enfoque territorial que  es el cuerpo político que va a trasformar el campo. Ahora bien, el acuerdo no dice cómo quedan las comunidades negras con consejos comunitarios y títulos colectivos que están ubicadas en esos territorios.

En el segundo acuerdo de la negociación: Participación política apertura democrática para construir la paz, que tiene como finalidad sentar las bases para la participación política de las FARC- EP, y los nuevos movimientos sociales y políticos, quienes por medio de curules especiales estarían en el Congreso de la República en representación de los guerrilleros, por un lado. Por otra parte, los movimientos sociales y políticos alternativos, en representación de las zonas abandonadas por el Estado, en miseria y azotada por el conflicto. Los partidos que tengan representantes en Congreso colombiano no podrán hacer uso de estas curules especiales. Ahora bien, ¿quién escoge esos lugares o zonas especiales susceptibles de estas curules? ¿Será que los territorios de comunidades negras también cumplen con esas característica? Es obvio, y allí cual será el papel de las autoridades tradicionales como los consejos comunitarios de esos lugares? Estas inquietudes también están sin resolver en este acuerdo.

El tercer punto acordado es: Solución al problema de las drogas ilícitas. Igual que los dos anteriores, este acuerdo plantea soluciones a la cadena del negocio de las drogas, del uso ilícito desde el campesinado hasta el narcotraficante. Con alternativas de solución en proporción al oficio desempeñado en el negocio; priorizando a los pequeños cultivadores. Por ello, su énfasis y desarrollo se adelantará en los lugares donde haya cultivo de drogas que estén abandonado por el estado. Esto lugares puede coincidir con los mismo territorios de aplicación del punto 1  reforma rural integral.

Con la puesta en práctica de este acuerdo se espera dar solución al problema de las drogas, con la creación de programas y políticas específicas que van a modernizar la realidad de esos territorios y sus habitantes; con el fin de superar el problema del cultivo de dogas de uso ilícito. Para ello se adelantará la construcción de unos planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativos. Ese es el cuerpo de las políticas para superar la pobreza, la miseria, el abandono del estado y el conflicto. Con ello ponerle fin al cultivo de droga ilícita, con trasformaciones reales del territorio. Igualmente muchos de los territorios de nuestras comunidades con consejos comunitarios y títulos colectivos están sembrados de drogas de uso ilícito, viven en miseria, están abandonados por el Estado y son víctimas del conflicto; estas zonas entrarán a ser parte de esas tierras priorizadas y, si es así, cuál será el papel de los consejos comunitarios, sus planes de vida y de iniciativa reconocida en los territorios colectivos sustentados en el decreto 1745 del 1995.

¿Y las comunidades afrocolombianas, negras y  palenqueras qué?

La pregunta es necesaria por las implicaciones para el pueblo colombiano y los lugares donde se van a aplicar los acuerdos alcanzados hasta hoy, que en una buena parte están en territorios de las comunidades étnicas. Como miembro de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras creo que deben tener participación en la mesa de negociación de La Habana, ya que allí se están discutiendo el futuro de los territorios donde históricamente han vivido. Sin su presencia en la mesa de La Habana, el Gobierno Nacional, como la insurgencia, debe darle participación activa a estas comunidades, ya que eran territorios donde antes de llegar la violencia tenían mejores cuidados del medio ambiente, sin problemas de hambruna, lugares pacíficos, sanos, donde primaba la convivencia. Convivencia que tiene muchos que aportar en la actual discusión sobre justicia transicional que en nuestras comunidades se cambian por justicia tradicional, que puede presentarle salida o solución al debate de si deben ir o no a las cárceles los culpables de violación derechos; en este sentido, en nuestras comunidades han existido mecanismos de aplicación de justicia tradicionales que han resuelto los problemas teniendo en cuenta a la víctima y al victimario, con satisfacciones de todas y todos incluyendo las comunidades.

Son esas iniciativas y otras que tenemos para apostarle al proceso de paz desde nuestra realidad, con nuestra voces, nuestra cosmogonía, nuestra historia, nuestro ser, pero con participación directa que, a mí modo de ver, debería ser por medio de una subcomisión que revise y le aporte a lo ya acordado para su materialización, y, por otro lado, que haga parte de la discusión de los puntos por acordar desde nuestra autodeterminación como parte activa de la sociedad colombiana.

Desde el palenque, un cimarrón todavía.

(*) Palenquero,  Miembro  del  CONAFRO-MARCHA PATRIÓTICA,  del  CEUNA -  Activista.
Email [email protected]

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