El 19 de febrero quedó formalizada una operación que resume, en un solo acto administrativo, tres décadas de historia: un predio que en los años ochenta estuvo en manos del Cartel de Bogotá pasó a ser propiedad de la Universidad de La Sabana. La venta, confirmada por la Sociedad de Activos Especiales, se cerró por 20.000 millones de pesos, equivalentes a 5,4 millones de dólares, tras un proceso de subasta pública en el que la institución educativa presentó la oferta ganadora.
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El terreno está ubicado en el sector de La Caro, en el municipio de Chía, Cundinamarca, muy cerca del campus principal de la universidad. Tiene un área total de 30.000 metros cuadrados, de los cuales 1.367,45 metros cuadrados corresponden a área construida. Su dimensión y localización lo convierten en un activo estratégico para cualquier proyecto de expansión académica, aunque la universidad aún no ha detallado el uso específico que le dará.
El inmueble perteneció a Luis Reinaldo Murcia Sierra, conocido como Doctor Martelo, uno de los fundadores del llamado Cartel de Bogotá junto con Justo Pastor Perafán. Esta organización operó principalmente entre 1980 y 1990. Aunque nunca alcanzó el nivel de exposición ni la estructura de los carteles de Medellín o Cali, controló rutas locales de distribución de cocaína y marihuana y estableció vínculos con redes internacionales. Sus integrantes también estuvieron relacionados con delitos como extorsión, secuestro y lavado de activos.
La estructura del cartel era fragmentada, menos jerárquica que la de otros grupos criminales, lo que complicó durante años la labor de las autoridades. En ese contexto, el Bloque de Búsqueda aplicó estrategias que luego serían replicadas en la persecución de Pablo Escobar. Murcia Sierra fue parte de ese engranaje criminal que marcó una etapa de la historia reciente del país.
El predio fue sometido a extinción de dominio en 2011, junto con otros bienes vinculados a Murcia Sierra, entre ellos establecimientos comerciales y joyas de alto valor. Desde entonces pasó a ser administrado por el Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de gestionar los bienes incautados al crimen organizado y de ponerlos nuevamente en circulación mediante mecanismos legales.
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