Dice Gustavo Petro al invitar a una movilización callejera permanente que este es el tiempo de las calles no el tiempo de las urnas. Es decir, el tiempo de las protestas no de las decisiones políticas. No podría haberse encontrado una frase más redonda por lo que implica de anormalidad permanente, de pérdida de confianza institucional, de agravar los asuntos que se quieren solucionar, de alentar la idea de que Colombia está al borde del desplome económico y social. Porque quiérase o no, gústele a uno o no, las decisiones políticas de los colombianos se han venido tomando pacíficamente y con una gran participación ciudadana en las urnas, incluyendo la que dijo no a la candidatura presidencial de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial el 27 de mayo de 2018, y no a su candidato a la Alcaldía de Bogotá, el 27 de octubre de 2019. O sea, en las últimas dos grandes elecciones uninominales el electorado ha votado con un amplio margen por opciones de centro.
Para no mencionar las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018, en la cual la Lista de la Decencia, una coalición partidista que incluía la Colombia Humana obtuvo el 3.4 % de la votación que fue de cerca de 18 millones de votos, con una participación de 49 % del censo electoral. Ello para decir que hay que poner en su justo contexto, sin descalificar su importancia, la real representatividad política de quienes convocan las manifestaciones, de quienes participan en ellas por muy numerosos que parezcan, y sobre todo de quienes asumen el papel de ser sus líderes.
Lo cual no quiere decir que no haya sobradas razones para protestar, en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ríos de tinta han corrido para explicar las motivaciones de los protestantes, que obedecen a temores por perder derechos adquiridos o frustraciones por expectativas modestas que se han vuelto inalcanzables para el común de la gente: un mejor nivel de vida que sus padres, una educación de calidad, un trabajo estable y bien remunerado, un sistema de salud costeable, una pensión en la vejez. Todas ellas aspiraciones de las clases medias, funcionarios, trabajadores del sector formal y estudiantes, que forman el grueso de los que salen a las calles porque tienen a través de los sindicatos y las organizaciones estudiantiles un gran poder de convocatoria. No se trata pues de una revolución popular de la izquierda contra el sistema democrático, ni contra el gobierno legítimo, ni contra la libre empresa, ni contra el sector productivo, sino una indignación y un reclamo de las clases medias contra ellos por no haber tenido la capacidad de asimilar y satisfacer las necesidades sentidas de la gente. Piden que funcionen no que sean cambiados.
Como hay espacio para tantas teorías, también puede plantearse que si el Gobierno Nacional hubiera creado una coalición política fuerte desde sus comienzos, con una agenda progresista que hubiera avanzado en temas como la educación, la salud, el empleo, las pensiones, esas movilizaciones no se hubieran producido. Lo que han hecho es cogerlo bajo de guardia, debilitarlo, obligarlo a negociar con quienes solo representan parcialmente las insatisfacciones callejeras y lo peor de todo, crear un caldo de cultivo para el oportunismo político.
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Los mensajes que manda la sociedad civil solo tienen un destinatario eficaz que es el mundo político
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Los mensajes que manda la sociedad civil solo tienen un destinatario eficaz que es el mundo político. Sin ese destino las marchas por sí mismas no solucionan nada diferente de reclamos sectoriales específicos de grupos de presión identificables (como sucede hoy con los sindicatos de ferrocarriles en Francia). Y si tanta gente como uno se imagina está pidiendo tantas cosas que dependen del Gobierno, del Congreso, de la Constitución, pues tocará esperar el tiempo de las urnas, para que otro gobierno con más sensibilidad política, otra aproximación a los problemas o mayor margen de maniobra pueda llevarlas a cabo. Lo que este gobierno puede hacer en buena parte ya lo hizo a través de la Ley de Crecimiento Económico con medidas que favorecen a las clases medias bajas y a la clase popular, que muchos consideran insuficientes y difíciles de administrar, porque en el clima político actual es imposible satisfacer a nadie. El asunto del interminable Memorial de Agravios se salió de las manos.
Pero eso no quiere decir que haya llegado el tiempo de la izquierda, de ponerlo todo patas arriba. Lo que la gente está pidiendo es que el sistema democrático, de libre empresa y de libertades públicas funcione como es debido e irradie sus resultados a las mayorías nacionales, que los estudiantes puedan graduarse en las universidades, que la gente tenga oportunidades de trabajo, que tengan seguridad social y puedan pensionarse en la vejez. Todos los temas que fundaron el Estado de Bienestar, en un contexto de libre empresa intervenida por el Estado, que tiene entre nosotros enemigos que quieren desmantelarlo, pero que no fue ni entre nosotros ni en ninguna otra parte un logro de la izquierda política.
Lo que hay que recobrar son los principios de la democracia representativa, a través de las opciones de centro que recuperen y fortalezcan el Estado de Bienestar, y son las urnas no las calles el lugar para hacerlo. Aunque se demore un poquito.
