El 29 de agosto de 2020, Yenny Medina recibió la noticia que más temía: el caso del asesinato de su hijo Dilan Cruz pasaría a la Justicia Penal Militar. Aunque el tribunal, que solo juzga a militares y policías en servicio tiene casi 200 años de creado en su esencia, los reparos sobre sus actuaciones judiciales siempre han estado presentes y un halo de impunidad suele rodear los juicios a los militares en servicios imperando la percepción de que los uniformados se cuidan la espalda y entre ellos se protegen. Ni la Constitución de 1991 se atrevió a meterse con los militares.
A los magistrados castrenses les llegan todo tipo de delitos, desde: la desobediencia, la insubordinación, el ataque al inferior, al superior, deserción, el abandono del servicio y otros ordinarios como peculado y extorsión, entre otros. Tan solo se salen de la jurisdicción militar el juzgamiento de aquellos delitos tipificados como de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
Pero son los casos en que los uniformados abusan del poder de estar armados para cometer atropellos y homicidios los que más indignan cuando las penas no corresponden a la dimensión de los hechos debidamente documentados como ataques a la población civil indefensa en casos que se recuerdan como la masacre de El Tandil, donde murieron siete campesinos que se oponían a la erradicación, y últimamente el homicidio de Juliana Giraldo, una mujer trans asesinada por un soldado en un retén militar.
El exfiscal (E) Fabio Espitia fue responsabilizado de la justicia penal militar por el ministro Holmes Trujillo. Foto: Mindefensa
Una vez concluido su encargo en la Fiscalía, en reemplazo de Néstor Humberto Martínez, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo encargó a Fabio Espitia de la dirección de la Justicia Penal Militar, en reemplazo de José Alejandro Ramírez, quien estuvo solo un año en el cargo, nombrado por el ministro Guillermo Botero y quien fue declarado insubsistente por Holmes Trujillo.
Desde su puesto como director ejecutivo, Espitia, quien es abogado de la Universidad Externado con experiencia en derecho penal, adquirió el compromiso de reestructurar esta dependencia dentro del Ministerio de Defensa, la cual no siempre ha sido atendida por los ministros de la cartera. Una tradición que Holmes Trujillo intentó romper recién llegado con auditorías a todas las dependencias de su cartera.
Carlos Holmes Trujillo con el ojo en la Justicia Penal Militar
Sin embargo, este es un cargo administrativo porque el verdadero poder frente al juzgamiento de los hechos presuntamente punibles de los uniformados en servicio está en el Tribunal Superior de Justicia Penal Militar compuesto por tres magistrados. Son la instancia de cierre en procesos de apelación de fallos de los jueces de primera instancia de las cuatro fuerzas: el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía. A pesar de su responsabilidad, la Ley 1765 de 2015, que establece la manera como éstos deben ser elegidos, aún es a discrecionalidad del ministro que escoge de nombres enviados por los generales cabeza de las distintas fuerzas.
DOCUMENTO LEY 1765 DE 2015
Coronel Wilson Figueroa Gómez
El Ministro de defensa Juan Carlos Pinzón en el gobierno de Juan Manuel Santos nombró en el 2015 a dos de los tres integrantes del Tribunal: al Coronel Wilson Figueroa Gómez, quien formaba parte de la Armada Nacional pero con formación en derecho y quien actualmente lo preside, y al capitán de navío Julián Orduz Peralta, actual vicepresidente del Tribunal.
Capitán de navío Julián Orduz Peralta
Orduz es bogado de la Universidad Santo Tomás, especializado en: derecho penal militar y constitucional de la Nueva Granada, derechos humanos de Uppsala University de Suecia y derecho procesal de la Universidad Alfonso X El Sabio.
Arrancó su carrera en las Fuerzas Armadas como Inspector de Policía en Santander en 1980 y en 1992 ingresó a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Desde entonces ha pasado por distintos puestos: Jefe de División Legal en Bogotá, Auditor auxiliar de guerra en Cartagena y juez de instrucción militar en ambas ciudades capitales.
El más nuevo de los tres es el Coronel Marco Aurelio Bolívar, nombrado por el Min – Magistrado Tribunal Superior Militar y Policial, quien llegó al cargo cuando el Ministro Holmes Trujillo recién se posesionaba en noviembre del año pasado. También a finales del 2019 había sido ascendido a Brigadier General, después de casi 25 años de servicio en la Policía.
Coronel Marco Aurelio Bolívar
Tribunal Superior, del que ya fue Presidente, está adscrito a la Inspección General. Ha sido fiscal y juez penal militar y trabajó además en el Departamento de Policía de Norte de Santander, de Casanare y el de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Aunque el coronel Wilson Figueroa, el capitán de navio Julián Orduz y el coronel Marco Bolívar son la cabeza de cierre del tribunal, debajo de ellos están los magistrados militares y policiales de conocimiento especializado, conocimiento, control de garantías, ejecución de penas y medidas de seguridad; así como la Fiscalía General Penal y el Cuerpo Técnico de Investigación. En total son más de 100 los jueces que están a cargo de los supuestos delitos de los más de 400 mil uniformados de todo el país.
