La Superintendencia de industria y Comercio en cabeza de Andrés Barreto le abrió pliego de cargos a los constructores de la Torre Acuarela que está frenada desde el 2017 por las deficiencias estructurales del edificio que tiene en riesgo el estatus de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO que ostenta la ciudad de Cartagena. Los cargos por presunto incumplimiento en la calidad, seguridad e idoneidad, serían hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o $ 1.817 millones.
El representante legal de Promotora Calle 47, Lucas Tamayo, que junto con las sociedades Plano Constructivo y Colcivi , responsables de la cuestionada obra, lleva tres años enfrentando un duro pleito judicial que ha arrojado como resultado la orden de demolición de la obra cuyo plazo límite será diciembre del 2021. Los constructores han acudido a todas las instancias posible para impedir esta decisión.
El complejo habitacional que se diseñó con cinco torres de apartamentos, recibió en 2015 permiso para iniciar la primera etapa, la cual comenzó a levantase dos años después, a escasos 200 metros del Castillo de San Felipe, en una manzana del barrio Torices que se encuentra dentro de la periferia histórica que cuenta con especial protección para la conservación del patrimonio. En abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la suspensión de su construcción que había sido adoptada en diciembre de 2017 por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena.
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