El Distrito de Riego y Adecuación de Tierras de Marialabaja nació con la promesa de transformar la vida agrícola de una región marcada por la lucha, el esfuerzo y la esperanza campesina. Sin embargo, hoy ese sueño parece tambalear. Lo que en su momento fue símbolo de progreso se ha convertido en motivo de angustia para cientos de familias que ven cómo el sistema, en lugar de respaldar su trabajo, se hunde bajo el peso de la desconfianza y la falta de rumbo.
La falta de rotación en la Junta Directiva es un reflejo de ese inmovilismo. Los mismos nombres se repiten año tras año, como si la conducción del Distrito estuviera condenada a caminar en círculos. Mientras tanto, los problemas se acumulan y los campesinos siguen esperando soluciones que nunca llegan. ¿Cómo confiar en un liderazgo que no se renueva, que no escucha y que parece más preocupado por sostenerse a sí mismo que por sacar adelante el proyecto?
Los agricultores lo sienten en carne propia. Muchos se quejan de que el agua, cuando llega, no lo hace con la calidad ni la regularidad prometidas. Otros aseguran que los canales están deteriorados y que sus cultivos dependen más de la lluvia que de la infraestructura por la que, mes a mes, deben pagar tarifas que cada vez pesan más en sus bolsillos. Esa falta de confianza explica por qué tantos han dejado de pagar: no es solo incapacidad económica, es también una forma de protesta silenciosa frente a un servicio que perciben como ineficiente y distante.
La situación financiera del Distrito lo dice todo. Depender exclusivamente de las tarifas —fijas o volumétricas— es como poner todos los huevos en una sola canasta, y peor aún cuando esa canasta está rota. La agricultura de la región enfrenta altos costos de insumos, bajos precios de venta y una competencia desleal con productos importados. En esas condiciones, exigir que las familias campesinas carguen solas con la sostenibilidad del sistema es condenarlas a una deuda interminable.
Pero el problema no se limita a lo económico. Falta visión, falta planificación. No existe un plan estratégico que marque el rumbo del Distrito ni que permita enfrentar los desafíos del futuro. La infraestructura, que alguna vez fue motivo de orgullo, hoy se oxida y se deteriora sin recursos suficientes para su mantenimiento. Si nada cambia, el colapso no será una amenaza lejana, sino una realidad inevitable.
El abandono institucional también pesa. Las alcaldías y la Gobernación de Bolívar parecen mirar hacia otro lado, como si el Distrito no hiciera parte de sus responsabilidades. A nivel nacional, la situación es aún más crítica: Marialabaja no aparece en la agenda del Ministerio de Agricultura ni del Departamento Nacional de Planeación. Esa invisibilidad condena a los agricultores a la soledad, obligados a enfrentar problemas estructurales sin el respaldo de las entidades llamadas a garantizar el derecho al agua y a la producción agrícola.
Este no es solo un debate de cifras o balances contables. Es la vida de familias que madrugan todos los días al campo, que sueñan con ver crecer sus cultivos y que necesitan del agua para darle sentido a su trabajo. Es la voz de campesinos cansados de promesas incumplidas, que sienten que el Distrito de Riego de Marialabaja se les escapa de las manos.
Todavía hay tiempo de evitar el colapso, pero se requiere valentía para tomar decisiones de fondo. Se necesita una Junta Directiva renovada, con visión y compromiso real con los productores. Se requiere diversificar las fuentes de ingresos y no depender únicamente de las tarifas. Hace falta un plan estratégico serio que rescate la infraestructura y devuelva la confianza a los usuarios. Y, sobre todo, se necesita que el Distrito deje de estar solo: que las alcaldías, la Gobernación y el Gobierno Nacional lo asuman como lo que es, un patrimonio colectivo de vital importancia para la región.
Porque si el Distrito cae, no será solo una institución la que se derrumbe; será la esperanza de todo un territorio. Y esa es una responsabilidad que nadie debería ignorar.
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