Su condena tardó en llegar siete años, pero la suerte del magistrado Camilo Pacheco quedó echada el martes 27 de junio de 2017. Ese día un grupo de policías judiciales irrumpió por sorpresa en la oficina del director de la Unidad Nacional Anticorrupción de Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, para notificarle su captura.
La Fiscalía acababa de recibir una solicitud de colaboración judicial de Estados Unidos, que buscaba extraditar a Moreno como responsable de una conspiración cometida en centro comercial de la Florida donde Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, entregó una fuerte suma de dinero a Moreno a cambio de una gestión para que lo liberara de un castigo judicial que le esperaba en la Corte Suprema de Justicia.
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Eran los tiempos del escándalo del cartel de la hemofilia, la mayor fuente de desangre de las arcas departamentales. Lyons y un grupo de funcionarios de la Secretaría de Salud inventaron una serie de pacientes inexistentes y fabricaron con falsedades una epidemia de una enfermedad que afecta a muy pocas personas en el mundo. Su objeto era apoderarse de los recursos públicos asignados a los subsidios de atención.
Enfrentado a las duras evidencias, que incluían videos y varias conversaciones comprometedoras, Moreno decidió hablar y al hacerlo salpicó a magistrados de la Corte, entre ellos as Carlos Humberto Tarquino Gallego, que hasta entonces era considerado socialmente como uno de lo juristas más ilustres de la Sala Penal.
Aunque en su caso Tarquino podía incidir en la suerte de Lyons, el apartado de la confesión de Moreno -que actuaba como fuente para los pagos- lo relacionó con el excongresista Musa Besaile, juzgado por nexos con grupos paramilitares. De por medio había una tarifa de ignominia: si pagaba $2.000 millones sería exonerado.
. “El exfuncionario es responsable del delito de concusión como interviniente. De igual manera, el juez ordena la captura inmediata del sentenciado para que quede a disposición del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y cumpla la pena en establecimiento carcelario”, informó en su momento la Fiscalía General de la Nación.
Tarquino deberá, cuya captura acaba de ser notificada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), purgar 72 meses (seis años) de prisión. Es la cuarta condena de relevancia impuesta por la justicia en desarrollo de sus acciones contra el entramado de corrupción más vergonzoso padecido por la Rama Judicial. La primera condena le fue impuesta en ausencia al expresidente de la Corte Francisco Ricaurte, la segunda a Gustavo Malo y la tercera a Leonidas Bustos, también exdignatario del tribunal, buscado actualmente en Canadá.
Por este caso, terminaron enredados jueces, congresistas, magistrados y funcionarios de la Fiscalía, entre otros, que pagaron y recibieron miles de millones de pesos para no ser capturados.
En el caso aparecieron situaciones tan escandalosas como el regalo de un reloj Cartier a un magistrado, y la conversación entre un congresista y un magistrado que tocaba el piano mientras exigía un soborno a su interlocutor. El togado le propuso que trataran de impostar sus voces porque podrían estar siendo grabados. No se equivocaba.
La condena contra el exmagistrado Camilo Tarquino ya quedó en firme y según la Corte debe ser entendida como una lección para que algo así no vuelta a enlodar la majestad de la justicia.
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La Corte Suprema de Justicia rechazó de manera tajante el recurso de casación interpuesto por la defensa del exmagistrado, dejando en firme el fallo emitido previamente por el Tribunal Superior de Bogotá. Tras la confirmación, la corporación libró de forma inmediata la orden de captura que materializó el CTI.
Con la detención y condena en firme de Tarquino, el balance judicial contra la cúpula del ‘cartel de la Toga’ suma entonces a cuatro exmiembros de la Corte Suprema tras las rejas: Francisco Ricaurte (16 años y 5 meses), Gustavo Malo (9 años), José Leonidas Bustos (10 años) y, ahora, Camilo Tarquino.
La vida da segundas oportunidades. El exfiscal Moreno estuvo preso en Estados Unidos, luego cumplió la sanción penal y ahora ejerce legamente como litigante.
La pregunta ahora es cómo se redimirán Los hombres que de desviaron del camino cuando presidían el más alto tribunal de la justicia ordinaria del país.
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