El 10 de febrero de 2023, cuando el canciller Álvaro Leyva nombró al oriundo de Magdalena, Álvaro Moisés Ninco, de 29 años, como Embajador en México, saltaron todas las alarmas. Desde organizaciones hasta personalidades de la política se opusieron frontalmente a su designación, alegando que no estaba preparado para el cargo y que, por el contrario, se trataba de un premio por haber sido un apoyo clave durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Ninco no es diplomático de carrera y tampoco es profesional, un requisito indispensable según el Manual de Funciones de la Cancillería. En su hoja de vida solo aparecen nueve semestres de Política y Relaciones Internacionales, su trabajo en la UTL de Gustavo Bolívar cuando fue Senador y su activismo político, experiencias laborales que no le dieron los créditos suficientes para ocupar un cargo diplomático y menos el de Embajador.
Por tal motivo, su nombramiento tuvo que ser revisado por la Comisión de Evaluación de Méritos. Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional e integrante de este Comité, fue clara en que Ninco no cumplía los requisitos necesarios para ocupar el cargo, pero el entonces MinTIC, Arturo Luna Tapia y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, le dieron el visto bueno a pesar de la evidente falta de preparación, lo cual generó suspicacias.
El magdalense alcanzó a estar ocho meses en el cargo, tiempo caracterizado más por las polémicas que por su gestión. En septiembre, la Revista Semana dio a conocer denuncias de funcionarios de la Embajada asegurando que eran víctimas de acoso laboral de su parte y que el ambiente era insostenible. Además, protagonizó un agarrón con el Cónsul en México, otro joven cercano a Petro como su exjefe de prensa Andrés Hernández, por este mismo tema y por presunta extralimitación de funciones.
La principal oposición durante su tiempo en la Embajada de Colombia en México, la encontró en la Unión de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), la misma organización que instauró la demanda que terminó en la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de tumbar su nombramiento.
