El Salvador: estado de excepción, homicidios en récord y nueva guerra contra las pandillas

Nayib Bukele retomó la mano dura contra las maras en pleno auge de la violencia pandillera que ha dejado 76 homicidios en dos días

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marzo 29, 2022
El Salvador: estado de excepción, homicidios en récord y nueva guerra contra las pandillas

Nayib Bukele retomó la mano dura (al menos en público) contra las maras. Una escalada excepcional de la violencia homicida, la cual las autoridades atribuyen a las pandillas, se saldó con 87 víctimas mortales entre el 25 y el 27 de marzo, motivo que llevó al mandatario a solicitar el régimen de excepción ante la Asamblea Legislativa, donde cuenta con el respaldo mayoritario de los diputados.

Con la entrada en vigor del estado de excepcionalidad constitucional en la madrugada del domingo 27 de marzo quedaron suprimidos derechos fundamentales en el país centroamericano por un periodo de 30 días.

La libertad de asociación y reunión, la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones o el derecho a la defensa quedaron restringidos. Asimismo, el plazo de detención administrativa, que habitualmente es de 3 días, pasará a ser de 15 días durante el mes que sigue.

La Policía Nacional salvadoreña anunció que durante el fin de semana se produjeron más de 570 detenciones (que horas más tarde superaron las 600) de presuntos pandilleros que estarían detrás del alza de asesinatos a escala nacional.

La pandilla mayoritaria en el territorio, la Mara Salvatrucha o ‘MS-13’, estaría liderando, según las autoridades salvadoreñas, esta nueva ola de asesinatos.

Bukele, con su particular estilo represor, escribió en su cuenta de Twitter el domingo que los detenidos no serían liberados y mandó racionalizar la comida existente anteriormente a compartir con los nuevos reos.

“No crean que los van a dejar en libertad”, subrayó el líder salvadoreño. “Vamos a racionar la misma comida que estamos dando ahora (a los presos)”.

En alusión a la preocupación que ha mostrado la comunidad internacional hacia la presunta vulneración de derechos humanos acometida por orden del mandatario en anteriores ocasiones con pandilleros presos, Bukele también quiso mandar un mensaje amenazador: “Si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, que vengan y les lleven comida, porque yo no les voy a quitar dinero del presupuesto a las escuelas para alimentar a estos terroristas”, escribió también en su Twitter.

Este lunes 28 de marzo continuaron las detenciones en diferentes ciudades salvadoreñas y el presidente, nuevamente a través de Twitter, por donde acostumbra a dar órdenes ministeriales y dirigirse a la nación, lanzó un “mensaje a las pandillas” en el que señaló que "tenemos 16.000 'homeboys' (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”.

El alza de los homicidios es una realidad plausible, ya que tan sólo en tres días se cometieron más asesinatos (87) que en todo el mes de febrero (79) en El Salvador.

Analistas de 'El Faro', el periódico en línea más importante de la nación centroamericana, abiertamente crítico con el régimen bukelista y que ha investigado a fondo las presuntas negociaciones secretas entre el presidente y las cúpulas de las pandillas, sostiene que el aumento de los asesinatos podría atender a promesas sin cumplir desde el Ejecutivo, aunque es difícil saber qué grado de diálogo hubo o hay entre el gobierno de Bukele y los líderes pandilleros

“Mano dura” a la cara y diálogo por la espalda

La fórmula de la “mano dura” ya ha sido ampliamente explotada anteriormente en El Salvador en la guerra abierta contra las pandillas. A través rondas de detenciones masivas, los expresidentes Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) ya implantaron sus proyectos de Mano Dura y Súper Mano Dura, respectivamente.

Planes que, sin embargo, fueron contraproducentes, ya que agudizaron las expresiones violentas y las formas de criminalidad entre esos grupos criminales.

Desde la llegada a la presidencia de Nayib Bukele el 1 de junio de 2019, el líder de Nuevas Ideas, su partido político, expresó también su voluntad de perseguir el crimen organizado de las maras e impulsó a las pocas semanas de legislatura un mega-proyecto conocido como ‘Plan Control Territorial’ (PCT).

Dotado con más de 575 millones de dólares, el PCT nació con tres objetivos principales: el control de los centros penales del país; la interrupción del financiamiento a las pandillas; y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Casualidad o no, la media de homicidios en el país logró un descenso notable desde el triunfo de Bukele en los comicios presidenciales.

Sin embargo, esto podría estar aupado por unos diálogos secretos entre el círculo de Bukele y los líderes encarcelados de la pandilla ‘MS-13’, que es la organización criminal que cuenta con mayor número de efectivos entre los cerca de 70.000 mareros que hay en El Salvador.

Esta tesis quedó reforzada después de que el periódico 'El Faro' sacara a la luz en septiembre de 2020 una investigación en la que, mediante documentación oficial, aportaba pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele llevaba un año en conversaciones con pandilleros encarcelados de la Mara Salvatrucha para pactar una reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios y apoyo electoral.

Las claves de la investigación del medio de comunicación salvadoreño fueron denostadas por el presidente, que a través de Twitter acusó a 'El Faro' de publicar informaciones falsas.

“¿Acaso no son ellos mismos los que han pasado denunciándonos por el trato que le damos a los terroristas? 'Alguien' les está pasando información falsa”, escribió el mandatario en alusión al diario digital.

La existencia de negociaciones entre el Ejecutivo bukelista y las pandillas fue también informada por parte del Departamento del Tesoro estadounidense en diciembre de 2021, cuando el secretario de Estado Antony Blinken acusó a Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director de prisiones, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, de su supuesta vinculación en las negociaciones secretas con las cúpulas de las maras del ‘MS-13’ y Barrio 18 (la segunda pandilla más poderosa del país).

Estados Unidos impuso sanciones a los dos altos cargos del Gobierno de Nuevas Ideas por esas presuntas reuniones que para el país norteamericano serían una poderosa herramienta para desestabilizar el Estado de Derecho en El Salvador.

Aunque Bukele reiteró la falsedad de las informaciones, las relaciones con el Ejecutivo del demócrata Joe Biden quedaron perjudicadas tras el comunicado del Tesoro estadounidense.

Bukele pierde (parcialmente) el relato

A raíz de la oleada de violencia homicida que ha sacudido a la nación centroamericana en los últimos días, Nayib Bukele, que siempre defendió que la reducción de homicidios pasaba por el éxito de su Plan de Control Territorial, ya no puede defender esa narrativa.

Es por ello que la mano dura y la exposición pública de los detenidos y de la crudeza en las cárceles podría estar sirviéndole en estos momentos como muestra de poder y fuerza de cara a sus fieles.

El mandatario sigue manteniendo unos altos índices de popularidad pese a la deriva autoritaria de su Gobierno, la cual ha sido alertada por numerosos organismos internacionales como Human Rights Watch.

Asimismo, en los últimos meses también se produjeron protestas contra el mandatario por su ambición de implantar el Bitcoin como moneda de curso legal en el país.

“Hay que recordarle al pueblo de El Salvador que lo que está pasando ahora se debe a la negligencia de quienes protegían a los delincuentes”, manifestó la formación conservadora Arena en un comunicado tras los datos de asesinatos conocidos durante el pasado fin de semana en alusión a las presuntas negociaciones entre Bukele y las pandillas.

El Salvador, uno de los territorios más violentos del planeta, tras muchos meses con la tasa de asesinatos en descenso, volvió a mostrar la peor cara de la violencia homicida pese a la represión y la persecución pública del Gobierno.

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