Al cabo de dos años de litigios, cambios de modelo y una crisis de inventario a punto de dejar al país sin libretas, los pasaportes colombianos volverán a ser producidos por Thomas Greg & Sons, el operador histórico.
La Cancillería firmó este 27 de octubre de 2026 un contrato transitorio por $240.352 millones de pesos que garantiza la expedición hasta diciembre de 2027. No es una licitación ordinaria. Es una urgencia manifiesta, declarada para cumplir una orden judicial que tumbó el modelo público que había impulsado el gobierno de Gustavo Petro.
Existe sí un nudo judicial a raíz de una reciente decisión. El 2 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la ejecución de los convenios suscritos entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.
Era el corazón del nuevo modelo estatal que buscaba que el Estado, y no un privado, imprimiera las libretas. Con esa medida cautelar, el esquema se vio sin operador vigente y la Cancillería quedó con inventario disponible solo hasta noviembre de 2026, según advirtió el propio Fondo Rotatorio.
El Tribunal exigió además un informe de avances para decidir de fondo, pero ante el riesgo de parálisis del servicio, la administración tuvo que activar el plan de contingencia. Encontró entonces el camino de la urgencia manifiesta, declarada el 17 de septiembre de 2026 por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la resolución número12973.
Se trata de la figura que los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de la contratación pública) prevén para situaciones en las que es materialmente imposible adelantar un proceso de selección ordinario y está sometida al control fiscal posterior de la Contraloría General.
En palabras de la Cancillería, en síntesis, la medida busca garantizar la continuidad de este servicio esencial, en cumplimiento de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente la ejecución de los contratos del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
Con esa resolución como base, la entidad solicitó cotización a quien ya tenía la operación montada, es decir, a Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., compañía que prestó el servicio hasta el 31 de julio de 2026 y que cuenta con planta de producción y personalización en operación, trabajadores capacitados y proveedores de insumos ya vinculados en el país.
La oferta respectiva fue presentada junto a Thales DIS Colombia S.A., bajo la figura de Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, con 71,1% de participación para Thomas Greg y 28,9% para Thales.
Las nuevas condiciones
El contrato firmado el 27 de octubre por el Fondo Rotatorio va hasta el 17 de diciembre de 2027*, con un plazo de implementación de máximo 20 días hábiles. En su objeto se lee: “Prestación del servicio de suministro, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste”.
El valor de $240.352 millones es un tope, calculado con el precio del pasaporte ordinario, que representa el 98,35% de la demanda. La entidad solo pagará lo efectivamente entregado. De ese total, unos $32.025 millones corresponden a 2026 y $208.327 millones a 2027.
Tres razones técnicas sustentan la elección, según la minuta divulgada por la Cancillería. La primera tiene que ver con el factor tiempo y hace que un operador nuevo deba certificar su planta, registrar diseño ante la OACI y estar en capacidad de montar la logística. Así, Thomas Greg reiniciaría en 20 días hábiles, justo cuando se agota el inventario de noviembre.
El segundo aspecto clave es la seguridad documental. Hoy circulan dos diseños válidos de pasaporte colombiano. Introducir un tercer diseño transitorio obligaría a todos los controles migratorios del mundo a validar tres documentos del mismo país, aumentando riesgo de rechazos y de falsificación, dicen algunas de las voces críticas que se han escuchado.
En cuanto al precio, se mantienen los mismos valores unitarios de vigencias anteriores, sin reajuste por inflación ni tasa de cambio. Por eso las tarifas al ciudadano no suben. El pasaporte ordinario en Bogotá sigue en $195.600: el ejecutivo $335.400 y el de emergencia $201.700.
La Cancillería ha insistido en que no hay un solo rubro con incremento y las tarifas que paga el ciudadano no se modifican.
Una de las cláusulas, la número 24, deja en claro que el proceso es transitorio. Terminará cuando ocurra primero una de estas tres condiciones: que se cumpla el plazo máximo del 17 de diciembre de 2027, que el Tribunal levante la suspensión y se restablezca el servicio por la vía ordinaria, o que entre en operación un nuevo prestador escogido por licitación pública.
Si acaso termina porque se levanta la suspensión, la Cancillería pagará solo lo ejecutado, sin indemnización. Es decir, no ata al Estado al privado más allá de la emergencia.
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través del canciller Omar Bula, aseguró que simultáneamente avanza la estructuración de una nueva licitación pública con criterios de transparencia, legalidad y selección objetiva, y el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.
El origen del nudo
Thomas Greg & Sons produjo pasaportes por casi 20 años. En 2023, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierto el proceso licitatorio pese a que la firma cumplía requisitos. La Procuraduría concluyó que lo hizo sin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, y Leyva fue suspendido y luego sancionado por diez años por desconocer principios de transparencia y responsabilidad.
Para reemplazarla, el gobierno Petro firmó convenios con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Ese es el modelo que ahora el Tribunal dejó en pausa.
Con la urgencia manifiesta, el péndulo regresa. El expresidente Petro reaccionó en X señalando que era la contrapartida del uso del software privado y aludió, sin pruebas, a la gestación de un supuesto fraude electoral.
La idea del nuevo gobierno es que el ciudadano reciba el mensaje oficial de garantía y continuidad en el servicio de expedición de pasaportes. Las citas vigentes se mantienen, el trámite habitual no se verá afectado por cambios súbitos. A ello se suma la garantía de la expedición tanto en Colombia como en consulados en el exterior mientras se define la licitación definitiva.
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