El regalo de la minera Prodeco a la gente del Cesar: una montaña de desechos de hierro y azufre

A menos de cincuenta metros de los ranchos y las casas de la vereda Hato La Guajira, en Becerril, César, los desechos se van acumulando. Ya son casi treinta años viendo crecer una montaña artificial, una montaña que nació muerta: sobre ella solo crece un pasto pálido, extraño, envenenado. Es el botadero de la minera de carbón Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, que tiene seis títulos mineros en el país y es la superpoderosa del mineral en el país.

En febrero de 2021 Prodeco anunció que renunciaba a todos sus títulos y después de casi 30 años de presencia con las minas Calenturitas —un título minero de 6.677 hectáreas— y La Jagua —compuesta por cinco títulos con una extensión de 2.861 hectáreas— y habiendo logrado extraer en promedio unas cinco millones de toneladas de carbón al año que fueron a los mercados de Europa. Su justificación fue la caída del precio internacional del carbón, las cuentas no daban. Debieron también tener en cuenta en su análisis estratégico el peso de la extracción de este mineral en la contaminación ambiental global, con un impacto tal que fue uno de los únicos puntos que logró unir, con medidas drásticas, a casi 200 países del mundo durante la COP26 realizada en Glasgow, incluidas las grandes potencias. Sin duda, el negocio del carbón es asunto del pasado.

El gobierno colombiano y la Agencia Nacional de Minería rechazaron la petición de Prodeco de suspender su operación durante cuatro años, pero el lobby y la insistencia de la empresa fue más fuerte y apenas seis meses después, en septiembre de este año, aceptaron en una decisión sorpresiva la entrega de los títulos mineros. Prodeco está en proceso de cierre de la operación que implica que cerca de 5.000 personas se queden sin trabajo.

Y lo más grave, y muy al estilo de estas mineras, dejaron su huella no solo en el daño ambiental sino en la inmensa montaña de desechos. En la vereda El Tocuy, del municipio de Becerril, uno de los pueblos del corredor minero del Cesar —compuesto por los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Agustín Codazzi, Chiriguaná y Becerril— la minera Prodeco instaló su botadero desde que comenzó operación de sus minas en los años 90. Las  máquinas cada día tiran los "materiales estériles", los desechos que no sirven en el proceso de explotación del carbón. En esa tierra no crece nada, y lo que pudiera nacer lo hace solo a punta de fertilizantes.

A la distancia parece una montaña más, pero en realidad es un tumulto de tierra. Son casi tres décadas de acumulación de desechos llenos de azufre, cadmio, hierro y otros metales pesados. Los pobladores de Becerril tienen el botadero en el patio de sus casas, pero para Prodeco estas viviendas no están localizadas en su área de influencia. Por cuenta de las toneladas desechos parte de la vereda Hato La Guajira, que comienza del otro lado del camino, perdió desde hace ocho años el servicio del acueducto interveredal, según el testimonio de varios líderes de la región. Además de esta carencia de agua, que contrasta con los 30 millones de metros cúbicos de agua que capta la minera anualmente para su funcionamiento, la gente también se ha visto afectada por las detonaciones producto de los explosivos y el golpeteo para fracturar las piedras y el carbón, detonaciones que casi a diario hacen temblar la tierra y tirar al suelo techos y muros.

Según el profesor Álvaro Pardo, director del Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio y experto en el tema, hace unos años recogió muestras de agua de las lagunas que han creado las mineras en donde antes explotaban carbón, lagunas de cientos de metros de profundidad, y tras analizarlas en la Universidad Nacional en Bogotá, encontró que dichas aguas están infestadas de metales pesados, es agua ácida que la minera quiere presentar como parte de la compensación ambiental.

Prodeco anunció que se iría del país e inmediatamente generó miedo entre los habitantes y trabajadores del corredor minero. Nadie tiene claro cuál es el plan de la minera para cerrar sus explotaciones, un proceso que puede durar hasta cinco años. Tampoco hay claridad sobre cómo va a compensar social y medioambientalmente a las comunidades que han visto a la empresa crecer y fortalecerse, mientras las personas, a las que les prometieron millones de dólares en regalías, siguen viviendo en la pobreza.

Decenas de trabajadores de Prodeco han sido despedidos. Después de trabajar 12 años en las minas han quedado con graves afecciones en su salud: hernias, problemas pulmonares, lesiones permanentes. Lo preocupante es que muchos dejaron de trabajar durante la pandemia cuando Prodeco argumentó que el bajo precio del carbón, que en el 2020 pasó de 100 dólares a casi 40 dólares la tonelada, y la contingencia sanitaria los obligaba a tomar la decisión. Sin embargo, nada cambió y desde entonces son muchos los trabajadores que aún reclaman una compensación y una respuesta.

Aunque el gobierno le aceptó a Prodeco la devolución de los títulos mineros, una empresa de estas dimensiones no se va tan fácil de un país. La minera sigue trabajando en el departamento del Cesar, y lo hará durante un buen tiempo más. No está explotando nuevo carbón, según la empresa, pero sí está transportando y exportando el material acopiado en la mina La Jagua, donde tiene cinco títulos, de los cuales cuatro están vigentes, algunos hasta 2038. Además, Prodeco controla la operación del ferrocarril y de Puerto Nuevo, desde donde saca el mineral hacia el exterior. La minera, al ser la controladora del transporte, también mueve el material de otra multinacional, Drummond, que lleva explotando carbón desde hace 30 años y carga con gruesos señalamientos por sus posibles alianzas con el paramilitarismo en el Cesar.

En 2018 la minera acordó, después de 8 años de intensa puja, un Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR) para las comunidades de Boquerón (municipio de la Jagua de Ibirico) y de El Hatillo (municipio de El Paso). Hoy ese plan está en veremos, y las comunidades como la del Boquerón están a la espera de que les den una respuesta, pues incluso sus líderes, que han adelantado los reclamos, están amenazados de muerte y tienen que ocultarse constantemente ante el miedo de ser asesinados.

"Nadie le está rogando a Prodeco que no se vaya del país, pero antes de hacerlo debe reparar a las comunidades", asegura Ebert García, integrante de la Asamblea Campesina del Cesar y quien ha buscado un diálogo con la minera para exigirle que asuma su responsabilidad. Las mineras en la región se vieron beneficiadas con la incursión paramilitar encabezada por el Bloque Norte de las AUC, que adelantaron varias masacres en todos los pueblos del corredor minero, asesinaron líderes sindicales, despojaron tierras a los campesinos que terminaron en manos de terceros y finalmente fueron vendidos a las mineras.

El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo en La Jagua de Ibirico una Asamblea Pública sobre minería en el Cesar, organizada por varias organizaciones nacionales e internacionales como PAX, que ha venido acompañando a las comunidades no solo en los reclamos sociales y ambientales sino en la defensa de los derechos humanos, encabezada por varios líderes regionales además de una comisión accidental del Senado representada por los senadores Antonio Sanguino y Wilson Arias. La minería en la región ya no es viable y se necesita hacer una transición energética para que el carbón que se explota en el Cesar, que en el pasado era exportado principalmente a Europa pero con la transición energética que se adelanta en el viejo continente hizo que nuevos mercados como Turquía e Israel, además de algunos países latinoamericanos, se convirtieran en los principales compradores del mineral, deje de ser el principal motor económico.

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