Texto escrito por: Diógenes Armando Pino Sanjur
En el Congreso de la República avanza actualmente un proyecto de ley que busca crear el denominado “Bono Escolar”, una iniciativa que, según sus promotores, pretende otorgar a las familias en condición de vulnerabilidad la posibilidad de escoger libremente la institución de sus hijos mediante recursos financiados por el Estado.
La propuesta se presenta como una herramienta para ampliar oportunidades y permitir que estudiantes de escasos recursos accedan a instituciones privadas con mejores indicadores. Sin embargo, detrás de ese discurso de libertad surge un debate mucho más profundo: el futuro de la educación pública en Colombia.
La discusión no puede limitarse únicamente a la elección de colegio. La educación es un derecho fundamental y pilar del Estado Social de Derecho. Por ello, cualquier reforma que modifique la destinación de recursos públicos debe analizarse con responsabilidad jurídica, presupuestal y social.
Uno de los principales cuestionamientos radica en la eventual afectación del sistema oficial. Si parte de los recursos públicos se traslada al sector privado mediante bonos, las instituciones públicas podrían perder matrícula y, en consecuencia, ver disminuidas las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP).
El impacto sería considerable: deterioro de infraestructura, reducción de cobertura y debilitamiento de programas académicos. Mientras algunos estudiantes migrarían, la educación pública —única alternativa para millones— podría terminar debilitándose aún más. A ello se suma la viabilidad constitucional y fiscal. La iniciativa crea gasto público y afecta competencias presupuestales, por lo que requiere aval fiscal del Gobierno Nacional; de lo contrario, enfrentaría el riesgo de ser declarada inexequible por la Corte Constitucional.
Considero que esta medida podría convertirse en una privatización indirecta. Aunque formalmente no privatiza el servicio, genera una transferencia progresiva de recursos estatales hacia operadores privados.
Pero la pregunta más importante es: ¿la solución está en financiar el acceso al sector privado o en fortalecer verdaderamente la educación pública? Durante décadas, el problema no ha sido la falta de libertad de los padres, sino el abandono histórico de los colegios oficiales. Antes de implementar bonos, el país debería concentrar sus esfuerzos en modernizar laboratorios, bibliotecas, ampliar la conectividad y dignificar la labor docente.
El verdadero desafío del Estado no consiste en reemplazar la educación pública, sino en garantizar que esta sea fuerte, universal y de calidad para todos.
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