En julio el Dane (Encuesta Pulso Social) informó que las personas de los estratos más bajos registraban una tasa de vacunación cercana al 30 %, mientras que los hogares con ingresos más altos superaban el 50 %. Si bien el Plan Nacional de Vacunación (PNV) contempla principios como los de la beneficencia (entrega gratuita), equidad y justicia (sin discriminación social), los llamados costos de transacción se convierten en barreras para el acceso de los ciudadanos a esa inmunización.
Para quien vive de la informalidad ausentarse de la jornada productiva representa perder el sustento del día; para quien cuenta con un puesto de trabajo, puede ser difícil pedir un permiso. En ambos casos existe, además, el riesgo de perder la diligencia por falta de disponibilidad o agotamiento de vacunas en el momento. Un segundo permiso es menos factible, aunque el ministro Ruiz haya dicho que el primero es un derecho.
Una manera de evitar esa contradicción entre productividad y protección de la salud es disponer de puntos centrales con horario ampliado. En algunas ciudades hay ensayos, pero no se ha generalizado aún.
El virus no tiene horario, por eso se deben tomar medidas facilitadoras para las personas que viven del trabajo, las de menos ingresos. Esperemos que con el recordatorio del ministro los jornaleros tengan menos obstáculos para vacunarse y que los entes territoriales también tomen medidas encaminadas a comprender e intervenir la situación para que en próximas ocasiones las EPS reduzcan la desigualdad dada por ingresos en el PNV.