Hay imágenes que no admiten interpretación, solo conciencia. Un agente federal de inmigración dispara y mata a una ciudadana desarmada. No hay amenaza visible, no hay peligro inminente, no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hay un cuerpo que cae y un Estado que, en lugar de proteger la vida, se apresura a negar lo que millones de personas vieron con sus propios ojos.
Ese gesto —la negación oficial de lo evidente— convierte el hecho en algo aún más grave y moralmente perturbador, porque ya no estamos solo ante la muerte de una civil a manos de un agente armado, sino ante un poder político que intenta reescribir la realidad.
El hecho ocurre en un contexto de xenofobia radicalizada y tensiones raciales profundas, donde personas racializadas han sido históricamente objeto de acoso, perfilamiento y persecución. El color de piel se convierte en frontera y la sospecha en política pública. No se vigila una conducta, se vigila un cuerpo.
Durante décadas, la violencia estatal en Estados Unidos ha recaído de manera desproporcionada sobre comunidades afroamericanas, latinas e inmigrantes. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad blanca pudieron observar estos hechos como si ocurrieran en los márgenes del sistema, como si no los interpelaran directamente. Por eso, cuando la víctima es una ciudadana blanca y desarmada, el impacto simbólico es mayor: no porque su vida valga más, sino porque rompe la idea de inmunidad que muchos creían garantizada.
Pero lo verdaderamente alarmante vino después. El gobierno de Donald Trump desmintió públicamente lo registrado en video, relativizó las imágenes y sembró dudas sobre hechos captados desde múltiples ángulos. No hubo un gesto de prudencia institucional ni una voluntad clara de esclarecer responsabilidades. Hubo, más bien, una estrategia conocida: negar la evidencia para preservar el relato del poder.
Aquí es donde el caso estadounidense deja de ser ajeno y se vuelve dolorosamente familiar para Colombia. En nuestro país, esta estrategia de negación tiene un nombre que aún duele: los falsos positivos. Durante años, civiles asesinados por agentes del Estado fueron presentados oficialmente como “bajas en combate”, pese a las denuncias persistentes de las familias, a las inconsistencias evidentes y, más tarde, a pruebas irrefutables. El problema no fue solo el crimen, sino la mentira institucional que lo sostuvo.
Colombia aprendió —a un costo humano devastador— que el quiebre democrático ocurre cuando el Estado, además de ejercer violencia, niega los hechos, desacredita a las víctimas y convierte la verdad en disputa política. Primero se dispara; luego se justifica; finalmente, se niega.
Ese mismo patrón se activa cuando un gobierno, frente a pruebas audiovisuales contundentes, decide cuestionar la realidad en lugar de asumirla. Cuando el poder niega lo evidente, la violencia deja de ser un exceso y pasa a convertirse en práctica protegida.
Estados Unidos y Colombia comparten, en este punto, una lógica peligrosa: la construcción del enemigo interno como principio de gobierno. En Colombia fue el “subversivo”, el “auxiliador”, el “sospechoso”. En Estados Unidos es el “migrante”, el “extranjero”, el cuerpo racializado que no encaja. En ambos casos, la sospecha reemplaza al debido proceso y el arma sustituye a la palabra.
La historia colombiana debería servir de advertencia. Cuando una sociedad tolera la violencia contra “los otros” y acepta la negación oficial como mecanismo para administrar el daño político, la violencia no se detiene: se expande, se normaliza y se desborda.
Lo ocurrido en Estados Unidos no es solo un episodio policial ni un exceso individual. Es una señal de degradación democrática, una que Colombia conoce bien. Un Estado que se arroga no solo el poder de decidir quién vive o muere, sino también qué ocurrió y qué no, incluso frente a la evidencia.
Negar lo que todos vimos no es un error de comunicación: es una decisión política y ética. Colombia aprendió —tarde y con dolor— que sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay democracia. Estados Unidos parece hoy transitar peligrosamente ese mismo sendero.
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