La actual crisis que afecta al territorio del Bajo cauca antioqueño -incluido el sur de Cordoba, el sur oeste antioqueño y el norte de dicho departamento- bien puede superarse con la estrategia de la Seguridad humana y justicia social planteada por el presidente Gustavo Petro en el Programa del Pacto Histórico que está en camino de convertirse en el próximo Plan de desarrollo 2022-2026, “Colombia potencia mundial de la vida”, que debe dejar atrás la tenebrosa estrategia de seguridad democrática uribista con sus masacres, falsos positivos, militares y policías criminales, mafias políticas corruptas y redes del neoparamilitarismo.
Plantear una solución integral a la protesta social de los pequeños mineros y campesinos sin tierra de esta región exige una adecuada comprensión del complejo fenómeno social que ha salido a la superficie con la violencia de los paramilitares, en el que se traslapan -desde la macro violencia de los urabeños y las otras bandas- la arremetida del Clan del golfo y la telaraña neoparamilitar -Caparros, los del Bajo, la Víctor Peralta, los Macacos, Cartel Jalisco Nueva Generación y paisas de Envigado-, la minería ilegal contaminante, la ilegalidad de militares y policías, la corrupción de las mafias políticas, el bloqueo del PNIS, el sabotaje a la implementación de los Acuerdos de paz y la violación sistemática de los derechos humanos, reflejado en el asesinato de líderes sociales, agrarios e indígenas y las masacres de familias de víctimas, como las que se dan en Cáceres (La Sierra) y en Taraza, en el corregimiento de la Caucana, el centro de operaciones de las bandas asesinas.
De un análisis de todos estos factores hay que resaltar el fracaso del Estado uribista (2000-2022) y sus planes de seguridad fascistas en Caucasia y demás municipios. Hace cinco años se instaló en esa zona un poderoso dispositivo militar que incluyo una Fuerza de Tarea Conjunta denominada Aquiles, con miles de soldados de contraguerrilla; un esquema de control contrainsurgente del territorio denominada “Zona Futuro”, con la asesoría y control del Comando sur de los Estados Unidos y varios batallones de policía rural contra guerrillera.
El resultado esta a la vista: la hegemonía neoparamilitar, el imperio de la minería ilegal, el fracaso de la paz, el exterminio de los líderes sociales, la parálisis del PNIS y el control del territorio por una banda criminal internacional: el cartel mexicano de las drogas Jalisco Nueva Generación, aliados con los urabeños, que monopoliza las carreteras (principales y vías terciarias), el transporte de vehículos pesados y de motos, que tiene bajo su mando a funcionarios públicos, militares, polícias, las roscas politiqueras, que tiene instalados decenas de laboratorios de coca, vigilados con drones y otras tecnologías de punta, ingresadas por empresas de seguridad autorizadas por la Superintendencia correspondiente de Bogotá, y protegidas por la policía y la Aquiles de Caucasia, Puerto Libertador, el Bagre, Taraza y Ayapel.
Además de un nuevo código minero que atienda las demandas de los artesanos y trabajadores, el Bajo Cauca necesita con urgencia desmontar toda esta parafernalia militar y policial violenta y asesina.
Se requiere con urgencia que el gobierno del presidente Gustavo Petro implemente allí la estrategia de Seguridad humana con justicia social, para que la aplicación del Acuerdo de paz retome su rumbo y avance con la reforma agraria; para que la paz total se materialice llevando democracia, dialogo social efectivo, convivencia, derechos humanos y libertades a toda la población, lo que permitirá superar el régimen de terror impuesto allí por la minería ilegal, el narcotráfico, las mafias políticas y el poder de los terratenientes ganaderos de Medellín y Montería.
Caucasia, 14 de marzo del 2023.
