Álvaro Guillermo Rendón López, gerente general de Empresas Públicas de Medellín, está llevando a la perdición o al escarnio público al alcalde Daniel Quintero Calle. Primero, el funcionario le llenó la ciudad sin avisarle con todos los contagiados de coronavirus de Hidroituango. Segundo, lo puso a hacer un oso gigantesco llevándolo a firmar un proyecto de acuerdo pidiendo autorizaciones extraordinarias para modificar por decreto el objeto social de EPM. Tercero, dejó a la mayoría de los concejales de Medellín como un zapato.
El ahijado de Fabio Valencia Cossío consiguió que alcalde (quien parece no conocer los estatutos de EPM, a pesar de ser el presidente de la junta directiva) le firmara el entuerto jurídico que hoy conocemos como Proyecto de Acuerdo 019 de 2020. Además, entendido como ninguno de que Medellín no tiene Concejo sino una junta administradora local bien remunerada, los invitó a que violaran el Acuerdo 12 de 1998, que contiene los estatutos que piensan reformar.
Me podrán decir algunas personas que tratar así a los señores concejales es una falta de consideración mía, pero de qué otra manera se puede calificar a los integrantes de esa corporación cuando no parece haber leído ni conocido los estatutos que piensan autorizar para que se modifiquen.
No es mi propósito en este breve comentario hablar mal del Proyecto de Acuerdo 019 de 2020 porque ya está muerto (a los difuntos si se lo merecen hay que venerarlos pero no ofenderlos). Así pues, para que crean que su fallecimiento es verdadero, aquí les presento la partida de defunción.
La coordinadora sindical orientada por UNIGEEP había sugerido que algunas piezas del estudio que hemos hecho no las daríamos a conocer todavía por conveniencia jurídica, pero dado que hay concejales suplicándole al alcalde que les permita a ellos estudiar el cambio de objeto social, publicamos este abrebocas para demostrar que ni la mayoría de los concejales ni de las personas que están llamando a conformar un frente común para enfrentar un difunto han leído los estatutos. Con eso claro, hago público un fragmento de la Gaceta Oficial en donde aparece publicado el Acuerdo 12 de 1998 que pretendían reformar.
Nótese cómo el artículo 29 de los estatutos dice que solo el Concejo los puede reformar, esto quiere decir que el alcalde no los puede modificar por decreto. Entonces, resultaría injusto de mi parte hacer una generalización y no reconocer que la valerosa y bien documentada concejala María Paulina Aguinaga está defendiendo con valor a EPM y denunciando un grupo de personajes dudosos que hacen parte de la junta directiva de EPM.
Ver: Alcalde Quintero, ¿qué pasó con la promesa de rescatar a EPM de las garras de la corrupción?
