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Nota Ciudadana

El Meta retrocede en seguridad, empleo, competitividad y reducción de la pobreza

PorDiego Mauricio Villa Espinosa

Mar 19, 2019

El panorama tiene que cambiar, el departamento no se puede dar el lujo de perder la oportunidad de posicionarse como lo que debe ser: un polo de desarrollo

- El Meta retrocede en seguridad, empleo, competitividad y reducción de la pobreza
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Transcurrido el 80% del periodo de gobierno de Marcela Amaya como gobernadora del Meta y con una ejecución presupuestal que supera los cuatro billones de pesos, los ciudadanos nos preguntamos cuál ha sido el impacto de la gestión de la actual administración en el mejoramiento de la calidad de vida de los metenses. Para ello, consideramos cuatro importantes indicadores; seguridad, competitividad, pobreza y empleo, los cuales nos permiten una evaluación del desempeño de la gobernadora y su gabinete. De acuerdo al Índice Departamental de Competitividad, el departamento del Meta ha perdido dos posiciones en dicho ranking durante el gobierno de Marcela Amaya: pasó de la 11ª posición en el año 2015 a la 13ª posición en el año 2018. La pérdida de competitividad del departamento se explica principalmente por el deterioro de la calidad y cobertura en la prestación de los servicios de salud y de educación, la escasa sofisticación del aparato productivo y la reducción del tamaño del mercado. La desaceleración de la economía local ha generado que cientos de micro, pequeños y medianos empresarios se hayan visto obligados a cerrar sus establecimientos de comercio por la pérdida de poder adquisitivo de los metenses. Sin embargo, el departamento se destaca por un importante avance en el pilar de infraestructura. Esa clase media frágil que empezaba a consolidarse en el departamento gracias al boom petrolero se ve fuertemente afectada por la falta de una política pública que permita paliar la contracción de la economía local, generando un incremento en el índice de pobreza del 15% en los últimos tres años. El Meta pasó de tener cerca de 218.000 personas pobres en 2015 a más de 250.000 en 2018. En pobreza extrema se presenta un crecimiento del 30% en el mismo periodo, es decir, el Departamento pasó de tener alrededor de 58.000 personas en extrema pobreza en 2015 a más de 76.000 en 2018. Por lo tanto, en el periodo del actual gobierno más de 51.000 metenses han caído en la trampa de pobreza. Paradójicamente, Colombia y el resto del mundo presentan una reducción progresiva en los índices de pobreza. En lo que respecta a la generación de empleo, principal fuente de ingreso de los hogares, el Meta ocupó el primer lugar a nivel nacional en crecimiento de población desempleada en el periodo 2016 - 2017 y actualmente se encuentra entre los tres departamentos con mayor tasa de desempleo del país. La tasa de desocupación pasó del 10,2% en 2015 al 12,2% en 2017 y el último dato del Dane señala que el desempleo sigue creciendo en la capital del Departamento al ubicarse en 13% en enero de 2019. Es decir, en el Meta actualmente más de 62.000 personas se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral que les permita satisfacer sus necesidades básicas. En el tema de seguridad, el departamento también presenta un alarmante incremento de actos delictivos como hurto a personas, hurto a residencias, lesiones personales, delitos sexuales, abigeato, amenazas, entre otros hechos que evidencian la incapacidad de las fuerzas militares y de policía de garantizar la seguridad de los metenses. No obstante, como resultado del proceso de paz con las Farc-Ep se ha presentado un leve descenso en la tasas de homicidios y de actos terroristas en el departamento. A partir de este desalentador panorama surgen diversas inquietudes: 1) ¿El objetivo del Plan de Desarrollo "Meta tierra de oportunidades" era realmente generar oportunidades para los ciudadanos o simplemente poner el presupuesto público al servicio de los grandes contratistas del departamento? 2) Teniendo en cuenta los pésimos resultados que se evidencian desde el primer año de gobierno de Marcela Amaya, ¿por qué no se hicieron los ajustes que permitieran mejorar el impacto económico y social del gasto público? 3) ¿Cuál ha sido el papel de la Asamblea del Meta como órgano de control político y coadministrador del departamento? 4) ¿Qué acciones han emprendido los senadores y representantes a la cámara por el Meta para evitar los nefastos resultados de la actual administración? 5) ¿Nos enfrentamos a una clase política ambiciosa, mezquina e indolente o sencillamente nuestros líderes carecen de la capacidad de resolver los principales problemas de los ciudadanos? Es importante que quede claro la necesidad de un balance entre la inversión en infraestructura física y la inversión social. La generación de empleo, el desarrollo del capital humano, la mejora de la calidad y cobertura en la prestación de los servicios de salud y la consolidación de un aparato productivo capaz de competir en los mercados internacionales deben ser la prioridad para el próximo gobierno. Los ciudadanos debemos ser conscientes que la calidad de nuestros gobernantes es el producto de las buenas o malas decisiones que tomemos a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. El departamento del Meta no se puede dar el lujo de seguir perdiendo la oportunidad de lograr posicionarse como un polo de desarrollo tecnológico, turístico, agroindustrial y de negocios a partir de la optimización de la inversión de los excedentes de capital que generan las rentas petroleras. Estos recursos, con los que no contaremos en un par de años, son indispensables para construir una tierra de progreso y desarrollo para todos.

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