Antes de llegar a la magistratura en la JEP en 2018, el abogado Gustavo Adolfo Salazar trabajó como asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), subdirector en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Cuando desempeñaba esos cargos enfrentó con frecuencia críticas y ataques de sectores de la derecha que le reprochaban el uso de una narrativa que, en su opinión, favorecía los intereses de los grupos extremistas de izquierda y lesionaba los valores de las Fuerzas Armadas.
Por esos antecedentes no sorprendió que el miércoles 11 de noviembre de 2026 Salazar interrumpiera abruptamente una intervención del ministro del Interior, Alejandro Ordoñez Maldonado, que criticaba con dureza el desempeño, la efectividad y el enfoque de algunas decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz
El magistrado Salazar interrumpió al jefe de la cartera política para exigirle, de acuerdo con sus palabras, ceñirse estrictamente al objeto técnico de la diligencia, centrado en los cronogramas y recursos de seguridad de exintegrantes de la guerrilla que abandonaron las armas. Salazar calificó las apreciaciones del ministro sobre la legitimidad del tribunal como un debate ajeno al espacio judicial e incluso tildó de “mala educación” la desviación del tema.
El tenso cruce verbal entre los dos remarcó las profundas diferencias políticas e institucionales entre el Ejecutivo y la justicia transicional cuando se conmemoran diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC. En la antesala de la discusión el tribunal enfrentó una tempestad de críticas y cuestionamientos que tuvieron como puntas de lanza a los senadores Enrique Gómez Martínez, el principal alfil del presidente Abelardo De la Espriella en el Congreso, y María Clara Posada, de la bancada del Centro Democrático.
El altercado ocurrió durante una audiencia pública convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal para evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares destinadas a proteger la vida de los excombatientes firmantes de paz.
Durante su intervención, el exprocurador Ordóñez, quien jamás ha ocultado su rechazo a los términos de los acuerdos de La Habana, cuestionó el desempeño del tribunal y aseguró que la JEP enfrenta un desafío de legitimidad que, según dijo, solo se resuelve con resultados y transparencia tras una década de implementación.
Ordóñez reclamó respeto, pidió que se le permitiera concluir su exposición y defendió su derecho a presentar la postura del Gobierno y la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La intervención de otra magistrada de la sala permitió finalmente que el ministro retomara la palabra para terminar su informe.
La presidenta de la audiencia, magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, intervino para observar: “Señor ministro, termine su intervención, pero les recuerdo a todos los presentes que debemos limitarnos al tema que nos convoca, que es el seguimiento del programa de protección de los firmantes del Acuerdo de Paz”.
Dos trayectorias en orillas opuestas
El incidente refleja no solo la fricción habitual entre el poder Ejecutivo y las autoridades judiciales encargadas de vigilar las políticas de seguridad, sino también el contraste entre dos perfiles situados en orillas opuestas frente al modelo de justicia transicional en Colombia.
En la JEP, Salazar ha mantenido un estilo directo y severo en las audiencias de seguimiento. Su despacho lideró las medidas cautelares y órdenes presupuestales que permitieron las excavaciones forenses y el hallazgo de restos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, un proceso que incluyó pulsos administrativos y advertencias de desacato contra autoridades locales.
Asimismo, como correlator del macrocaso que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con paramilitares, ha impulsado imputaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad, actuaciones que han generado reclamos de sectores militares en retiro y de oposición, quienes lo señalan de emitir juicios severos en estrados.
Por su parte, Ordóñez, exprocurador general de la Nación y figura emblemática del conservadurismo tradicionalista, ha mantenido una postura crítica frente al diseño jurídico de la JEP y los beneficios penales otorgados a los antiguos guerrilleros.
Aunque ambos funcionarios operan bajo el mandato constitucional de colaboración armónica para garantizar la seguridad de los excombatientes en los territorios, el episodio en la audiencia evidencia que la aplicación y el alcance de la justicia transicional siguen siendo un eje de fricción política e institucional en el país.
Con todo, el ministro Ordoñez cuenta con aliados importantes dentro de la JEP. Uno de ellos es el magistrado auxiliar Andrés Balcázar González, quien hizo parte de su equipo de asesores cuando Ordoñez fue el jefe del Ministerio Público. Balcázar ha sido crítico incluso de decisiones de la Corte Constitucionales sobre la defensa de derechos de última generación y coincide con su exjefe en los enfoques ultraconservadores.
Anuncios.
