La fe católica, el dogma conservador alvarista, la aversión hacia Gustavo Petro y el rechazo al diálogo con las guerrillas son cuatro de los principales puntos de afinidad entre el presidente Abelardo De la Espriella y su nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordoñez Maldonado.
Desde 1973, cuando trabajaba como cortador y moldeador en la fábrica de galletas La Aurora, de propiedad de su padre Miguel Ordoñez en Bucaramanga, el joven Alejandro reflexionaba ante los empleados sobre la relación entre la ética del trabajo y las virtudes cristianas y se tomaba su tiempo en explicarles cuáles eran sus diferencias con las ideas calvinistas que postulaban algo similar.
En 1979, al terminar sus estudios de derecho en la Universidad Santo Tomás, Ordoñez presentó una tesis de grado que llevó como Presupuestos fundamentales del Estado Católico, cuya hipótesis giraba alrededor de la solidez de un Estado confesional comparado con otros que no basaban sus principios tutelares en la autoridad emanada de Dios.
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Desde entonces era ferviente admirador del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y convirtió en uno de sus libros de cabecera la obra Posiciones, una recopilación antológica de los editoriales publicados por aquel en las páginas del diario El Siglo de la época del sector de La Capuchina, en Bogotá.
Precisamente, se postuló como candidato al concejo de Bucaramanga, a comienzos de los 80, obtuvo el aval del Partido Conservador cuyo directorio local lo oyó defender en la plaza pública el ideario sobre el “acuerdo sobre lo fundamental”, una propuesta con la que Gómez buscaba acercar a todas las fuerzas políticas alrededor de la defensa de la democracia, dentro de los marcos de la libertad y el orden.
Adolfo Camacho, uno de los seguidores de Ordoñez cuando se dieron sus primeros asomos a la política partidista, recuerda desde su retiro en San Gil que el hombre que iba a ser magistrado del Consejo de Estado y después Procurador General de la Nación era fiel a sus ideas, “inteligente y compasivo” a la hora de debatir con sus contrarios, pero radical y firme a la hora defender su credo.
Camacho admite sin sobresalto alguno que él y su grupo de amigos acompañaron a Ordoñez en las que denomina “quemas simbólicas” de libros con enfoque ateísta y contrarios a la moral y a las buenas costumbres frente a la biblioteca Gabriel Turbay de la capital santandereana. Rechaza que ese “acto pedagógico” sea comparado, por detractores de Alejandro Ordoñez, con las prácticas propias de la época de la inquisición.
“No eran ninguna purga ideológica, sino un acto de pedagogía, quizá un tanto externo para defender unas ideas firmas más allá de los simbolismos”, explica Camacho. Esas palabras fueron repetidas, casi literalmente, por Ordoñez durante una entrevista con la periodista Yolanda Ruiz para la cadena radial RCN.
Su ejercicio como concejal se dio 1986 y 1989 y marcó un corto ciclo de ejercicio político activo, pues luego el ahora ministro del Interior se entregó al Derecho como juez de la República.
Entre 1996 y 2000 fue magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y llegó a presidir esa corporación. En el año 2000 ingresó al Consejo de Estado. Estuvo ocho años, entre 2000 y 2008, y también presidió esa alta corte entre 2004 y 2005.
En ese periodo se le conoció como un magistrado de ponencias técnicas en lo contencioso administrativo, pero también por gestos que anunciaban su relación con lo religioso. En su despacho y en la sala plenaria impulsó la presencia de crucifijos por encima de retratos de próceres. No era una discusión jurídica, era una señal de cómo entendía el espacio público.
La destitución de Petro
Ese paso por el Consejo de Estado es el que lo lleva a la terna para procurador general. En 2008, el propio Consejo de Estado lo postula y el Senado lo elige. Se convierte en procurador en 2009 y permanece hasta 2016. Su aceptación en las cámaras legislativas y su indudable habilidad política -atributo del que hoy echa mano el presidente De la Espriella para llevarlo a su gabinete- le permitió conseguir la reelección como jefe del Ministerio Público.
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Sin embargo, esa reelección, ocurrida en 2012 en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos con apoyo del segundo gobierno de Álvaro Uribe en su elección inicial, sería anulada años después por el Consejo de Estado por vicios en el procedimiento.
En la Procuraduría instala una forma de ejercer el control disciplinario que no se había visto. Entre 2009 y 2016 la Procuraduría abre, falla y ejecuta destituciones contra funcionarios elegidos por voto popular. En diciembre de 2013, destituyó e inhabilitó por 15 años al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el manejo del esquema de recolección de basuras.
La decisión es firmada por Ordóñez y produce una crisis institucional. Petro sale del cargo por un mes en 2014, regresa por un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá y la sanción termina siendo revertida años después, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano en 2020 por violación de derechos políticos al permitir que una autoridad administrativa destituyera a un funcionario elegido en las urnas.
Ordóñez deja la Procuraduría en 2016 y se dedica a la campaña por el No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Luego es precandidato presidencial y embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos entre septiembre de 2018 y agosto de 2022. Desde el 16 de septiembre de 2026 había vuelto a ocupar la jefatura de la Misión Permanente ante la OEA.
La noche el 21 de octubre de 2026, fue designado ministro del Interior por el presidente Abelardo de la Espriella tras el hundimiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación y la salida de Rodrigo Lara Restrepo. Ahora su habilidad política será puesta a prueba dentro de la misión de sacar adelante la agenda legislativa del gobierno y del Congreso. Si es cierto que las relaciones entre el Ejecutivo y las cámaras quedaron maltrechas después de la caída del proyecto de Presupuesto, Londoño tendrá la sensible tarea de rehacerlas.
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