El juez y el magnate de la Hyundai: un matrimonio que terminó en cárcel

El juez y el magnate de la Hyundai: un matrimonio que terminó en cárcel

La Fiscalía acusa a Carlos Mattos de un soborno de $ 2500 millones para direccionar una decisión judicial que le permitió dejar el negocio, pero con $USD 35 millones en el bolsillo

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junio 13, 2018
El juez y el magnate de la Hyundai: un matrimonio que terminó en cárcel
Foto: Óscar Pérez / ElEspectador

El abogado bogotano Reinaldo Huertas se despeñaba sin mayores protagonismos en el juzgado 6 del circuito de Bogotá, hasta hace dos años. Sin embargo, una visita a una concesionaria de autos puso en evidencia que su discreta vida del pasado empezaba a cambiar. El 12 de abril del 2016 llegó a la concesionaria Alciautos acompañado de Pablo Salcedo, vicepresidente ejecutivo de Hyundai. Se tomaron buena parte de la tarde para escoger el auto que llevarían. El escogido fue un Mazda 3 color rojo místico. Sus asientos de cuero y todos los lujos fueron decisivos para que Huertas se inclinara por él. No escondió su goce casi adolescente frente a los empleados de la concesionaria que lo vieron sacar del auto en el que llegó una tula con los $ 73 millones, algo inusual entre los clientes. Los contó y pago con un billete sobre otro, tal como le contó a la Fiscalía uno de los empleados de la concesionaria.

Su desempeño profesional hasta entones claramente no le daban para esos lujos.  Su sueldo de $ 9 millones le daban para una cotidianidad familiar tranquila de hombre separado que debía mandarle la manutención a su hijo Pablo Felipe Huertas quien vive en New Smyrna en la Florida. No pudo siquiera pagar de contado un apartamento en el edificio Villa del Pilar en Manizales y debió endeudarse en $ 110 millones para adquirirlo.

La compra del Mazda 3 resultaba un lujo inexplicable, si además a esto se les une que según la Fiscalía habían sido dos los carros adquiridos.

Otro, a quien le había cambiado la vida, pero por razones completamente distintas, era al empresario Carlos Mattos. En septiembre de 2015 recibió una desafortunada carta de la casa matriz de Hyundai en Corea en la que le noticiaban que sus relaciones comerciales que habían empezado en 1992 se daban por terminadas y que habían escogido como nuevo distribuidor en Colombia al ecuatoriano Juan Eljuri con quien ya tenían tratos comerciales y tenía la distribución continental de Kia. Con la decisión unilateral se derrumba su emporio construido durante 25 años y no estaba dispuesto a dar la mano a torcer sin mediar una indemnización. El fin de año fue la ocasión para realizar contactos de alto nivel e iniciar una defensa jurídica que lo llevara lograr unos cuantos millones de dólares por la pérdida de su negocio. Contactó en un primer momento a la oficina de Néstor Humberto Martínez, a donde había regresado el hoy fiscal después de renunciar al cargo de superministro de Juan Manuel Santos.

Mattos es un hombre que no sabe delegar y menos cuando está en juego su pellejo en procesos judiciales y de gran envergadura como era este. Se estaba jugando su futuro empresarial. Intervino directamente con una propuesta de estrategia jurídica que Martínez no compartió y prefirió hacerse a un lado. Así que su abogado de confianza Luis David Durán tomó las riendas del caso y el 15 de marzo del 2016 radicó una demanda de Hyundai Colombia contra la casa matriz en Corea. El propósito: bloquear a los coreanos en su intento de sacar a Mattos y cambiar de distribuidor o volverles costosísima la decisión. Era mucho el dinero que le había producido a los coreanos y que también habían enriquecido al empresario vallenato para echarlo por la borda.

Un día después de ser radicada la demanda, en un tiempo record de reparto, el caso terminó en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá cuyo titular era Reinaldo Huertas. El juez actuó veloz. En solo 48 horas admitió una demanda de una tremenda complejidad y en diez días tomó una decisión impensable. El miércoles 6 de abril el juez Huertas decretó una medida cautelar que le impedía a la empresa de los ecuatorianos Neocorp vender carros en el país. El 11 de abril la Superintendencia de Industria ya estaba oficialmente informada. El juez fue mucho más allá y el mismo, de manera inusual, notificó por escrito a la casa matriz en Seúl. El golpe a las ventas de Eljuri era contundente, el inventario de carros empezó a crecer exponencialmente y los usuarios de los millones de carros Hyundai se verían dramáticamente perjudicados por no disponer de repuestos originales. Con la decisión, el juez acorraló a Eljuri y ejerció una presión definitiva para llevarlo a buscar un camino de negociación con Mattos. El resultado fue el reconocimiento por parte de Neocorp de USD 35 millones por el retiro de la demanda de Hyundai Colombia. En noviembre del 2016 se logró un acuerdo que terminó teniendo pies de barro porque el pleito siguió vivo y reventó ocho meses después con graves consecuencias penales.

La Fiscalía entendió y pudo explicar el precipitado comportamiento del juez. La visita al concesionario Alciautos era el epílogo, el regalo menor, de una movida mucho más compleja y de varios quilates. El propio Carlos Mattos, según la Fiscalía, había sido el anfitrión de una reunión con el juez en su apartamento en el que habían definido un pago de $2.500 millones para direccionar la decisión judicial.

La Fiscalía continuó consolidando pruebas para documentar la corrupción que pudo haber mediado en el pleito de dos millonarios latinoamericanos: el ecuatoriano Juan Eljuri y el colombiano Carlos Mattos. La directiva coreana no se modificó.

El viernes 8 de junio del 2017, un colega el juez 39 de garantías de Bogotá envió a su colega Huertas al patio de funcionarios públicos de La Picota. En simultánea dictó una orden de captura contra Carlos Mattos que llevó a intervenir a la Interpol ya que el empresario se encuentra en su segunda residencia en Madrid, España.

La Fiscalía acusa al juez de cuatro delitos graves: utilización indebida de redes de comunicación, cohecho propio, daño informático agravado y acceso abusivo a sistema informativo. La acusación recae también sobre sus cómplices: cinco funcionarios de la rama penal: Edwin Fabián Macías Castañeda, auxiliar de Huertas; Edwin Enrique Angulo Martínez, Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez. Entre todos habrían modificado el sistema informativo para que la demanda llegara al despacho de Huertas con quien presuntamente estaba pactada las medidas cautelares.

De la acusación de la Fiscalía contra Mattos derivó la orden de captura internacional. El colombiano desestimó las consecuencias que podría tener la complicada movida del año anterior y cuando creyó que podía retirarse a disfrutar su fortuna entre Madrid, Miami y Bogotá se lo complicó la vida y aunque busca ampararse en su condición de ciudadano español para evitar su extradición, le esperan unos amargos días hasta que se despeje el caso.

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