En mi calidad de miembro activo del gremio de taxistas y como ciudadano, usuario y prestador del servicio público individual de pasajeros tipo taxi, me permito manifestar de manera respetuosa pero firme la profunda preocupación del sector frente a la posibilidad de contemplar un ajuste tarifario para el año 2026, sin que previamente exista una regulación efectiva, clara y equitativa de todos los actores que actualmente prestan el servicio en el mismo mercado.
El servicio de taxi en Colombia es un servicio público esencial, regulado por el Estado, sujeto a control tarifario, cupos, habilitaciones, pólizas obligatorias, revisiones técnico-mecánicas, impuestos, aportes parafiscales y demás exigencias legales que el gremio ha cumplido históricamente. Estas obligaciones, necesarias para garantizar la seguridad y la calidad al usuario, limitan de manera directa la capacidad del sector para competir frente a modelos que operan con esquemas de tarifas variables o especulativas y sin cargas regulatorias equivalentes.
En este contexto, resulta económica y socialmente inviable plantear un incremento en la tarifa del taxi tradicional cuando la competencia directa puede ajustar precios libremente según la demanda, generando una clara distorsión del mercado. Esta situación ha ocasionado una reducción sostenida de los ingresos de conductores y propietarios, la devaluación de los cupos, el deterioro de la estabilidad laboral y una creciente percepción de competencia desigual.
Consideramos que, antes de cualquier modificación tarifaria, las autoridades competentes deben priorizar:
- La regulación integral y efectiva de todos los servicios que prestan transporte individual de pasajeros.
- La igualdad de condiciones en obligaciones económicas, legales, operativas y de control.
- La protección del servicio público regulado, su sostenibilidad financiera y la garantía de condiciones justas tanto para los prestadores como para los usuarios.
Un ajuste tarifario bajo las condiciones actuales no fortalecería al sector del taxi; por el contrario, profundizaría la crisis del gremio, aceleraría la pérdida de participación en el mercado y afectaría negativamente la estabilidad del servicio público regulado.
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que se suspenda o se reconsidere cualquier iniciativa de modificación tarifaria para el año 2026, hasta tanto no se cuente con un marco normativo equitativo que garantice una competencia justa y la sostenibilidad del servicio público individual de pasajeros tipo taxi.
Agradecemos la atención prestada y solicitamos la apertura de espacios de diálogo y concertación que permitan construir soluciones reales, equilibradas y sostenibles para el sector.
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