La élite política y económica en Colombia, marcada por la corrupción, busca desestabilizar o eliminar el gobierno progresista de Gustavo Petro Urrego, una amenaza directa a sus intereses y privilegios heredados. Este sector intenta afianzar su control autoritario con el apoyo de países imperialistas que priorizan la explotación de los recursos minerales por encima de la democracia y el bienestar del país.
El gobierno democrático y participativo de Petro promueve políticas clave para el pueblo, como la redistribución de tierras, el fortalecimiento de la justicia social y la lucha contra la corrupción, entre otras. Sin embargo, enfrenta grandes obstáculos internos, como funcionarios corruptos infiltrados tanto en la oposición como dentro del propio Pacto Histórico, quienes priorizan ambiciones personales sobre el compromiso político.
El papel de la élite imperialista y los medios de comunicación
El sistema imperialista juega un papel activo en la desestabilización del gobierno. Controla medios televisivos, radiales, digitales y escritos para difundir información engañosa y moldear la percepción pública. Además, bloquea la asignación de recursos fiscales destinados a los sectores más vulnerables, afectando a la clase media y a la población en pobreza extrema.
En el congreso, prevalecen las artimañas politiqueras sobre la justicia social. Se fomenta la división entre quienes apoyaron a Petro, con el fin de socavar la base popular que sostiene su legitimidad como presidente. Estas élites ven la política no como un servicio público, sino como un instrumento para perpetuar privilegios, actuando sin ética, humanismo ni visión para gobernar con conciencia.
Raíces históricas de la desigualdad
El actual panorama político tiene raíces profundas en la historia de Colombia. Un ejemplo claro es el conflicto entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes, a pesar de ser aliados en la lucha por la independencia, divergieron en sus visiones políticas. Esta fractura culminó en la conspiración de la noche septembrina, el 28 de septiembre de 1828, cuando un grupo santanderista atentó contra Bolívar. También ocurrió el fusilamiento del almirante Padilla, reflejo de las pugnas internas que han obstaculizado el desarrollo de un modelo político orientado hacia la justicia social.
La historia se repite: mientras las élites buscan conservar sus prácticas oligárquicas, el país sigue enfrentando problemas de desigualdad estructural. Esto restringe el acceso a oportunidades básicas y alimenta la desconfianza hacia las instituciones públicas, dificulta la construcción de un proyecto nacional orientado al bienestar colectivo por encima de los intereses privilegiados.
Desafíos y perspectivas del gobierno actual
Al nuestro actual mandatario le quedan cerca de veinte meses de gobierno, marcados por intromisiones cínicas y una guerra cobarde contra un líder siempre a favor de los más necesitados. Campañas de descrédito lo atacan por su ofensiva militar contra los carteles de la droga, cómplices de las campañas electorales de la extrema derecha. Estos sectores se presentan como defensores de la democracia, cuando en realidad son los principales violadores de los derechos humanos, responsables de explotar laboralmente al pueblo y dejar el país ruinas, como lo hizo Iván Duque, el mediocre y sicofante miembro activo del partido parafascista Centro Democrático.
Duque orquestó el endeudamiento y la pérdida de 100 billones de pesos, generando un hueco fiscal sin precedentes que la actual administración está cubriendo de manera responsable. Esto explica medidas impopulares como el alza de la gasolina, necesarias para estabilizar la economía.
La hipocresía de las élites políticas
Un ejemplo reciente de la hipocresía de las élites es la afirmación de la senadora uribista María Fernanda cabal, quien cuestionó al excandidato presidencial Sergio fajardo, acusándolo de tibio y de mostrar ingratitud hacia Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien atribuye el mérito de haberlo hecho alcalde de Medellín durante el período 2004-2007. Este comentario alude a la supuesta relación entre Fajardo y el uribismo, contrastando con su posterior candidatura presidencial en 2018, respaldada por la Alianza Verde, el Polo Democrático y su movimiento Compromiso Ciudadano, así como su participación en 2022 como candidato de la Coalición Centro esperanza. Dicho episodio ejemplifica la falta de principios éticos de muchos políticos cuya única intención es alcanzar el poder para su propio beneficio, saqueando los recursos del Estado sin escrúpulos.
Un comentario adicional:
Tras la publicación de mi columna del 24 de noviembre de 2024, Los Polo Polo: vergüenza de la política, una amiga, cuyo nivel intelectual me inspira un gran respeto, compartió un comentario del brasilero Diego Ruzzarin, pedagogo de la geopolítica, sobre lo inútil de responder a opositores recalcitrantes en redes sociales. Sin embargo, mi labor como escritor y columnista no es callar ni complacer, sino tomar posición frente a la debacle política de un país como el nuestro.
Mi objetivo con esa columna no era hacer eco al show de un personaje caricaturesco como Polo Polo, sino señalar un fenómeno más amplio: nuestro entorno político está plagado de figuras similares, cuya sola existencia debería alarmarnos. Es imperativo advertir sobre el peligro que representan estos “Polo Polos”, causantes de la injusticia y la desigualdad, a través de sus acciones y omisiones. Hacerle el juego al silencio es, en este sentido, contribuir a auspiciar una falsa revisión histórica, promovida por los sátrapas, quienes, bajo el disfraz de pensadores de la izquierda, han perpetuado más de dos siglos de opresión.
