La junta directiva de las EPM no se pronuncia, ni siquiera los tres miembros en representación de los usuarios, que se supone deben gozar de total independencia para defender el patrimonio más preciado de los antioqueños, en especial los intereses de sus clientes; que, en última instancia, son el soberano de esta entidad pública y que pueden llegar a votar en contra de Quintero Calle por cuenta de este asunto en la revocatoria de mandato que se viene "cuajando", a pasos agigantados, en contra del referido funcionario.
Es necesario recordar que la actual junta directiva fue escogida en su totalidad por el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en reemplazo de la anterior que decidió renunciar por no ser consultada por este. Aun con este presupuesto, parece que esta nueva junta es ciega, sorda y muda y no goza de la confianza del burgomaestre que la nombró, pues no se explica cómo un solo miembro de la misma, como es el alcalde de Medellín, decidió con antelación despedir a Rendón López, sin contar con el análisis y el pronunciamiento de los ocho miembros restantes. ¿En dónde quedó el gobierno corporativo de las EPM? ¿En dónde está el estudio de los impactos que puede llegar a tener una decisión de tal tenor como es la de declarar insubsistente a su representante legal?
Ya, desde hace un par de semanas, se runruneaba la salida de Rendón López. Tal parece que, en el marco de esta batalla entre los distintos grupos económicos y políticos del país, se han venido "manoseando" nombres para la gerencia de las EPM, de tal modo que el nuevo gerente pueda sincronizar los intereses contractuales y burocráticos en la dirección de quienes están detrás del burgomaestre de Medellín. Según los chismes de pasillo, esos personajes serían César Gaviria Trujillo, expresidente liberal; Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical y excandidato presidencial; y Juan Manuel Santos, expresidente cuestionado por recibir dineros de Odebrecht y Nobel. Todos estos alfiles políticos de grupos económicos por fuera de Antioquia estarían muy interesados en participar en las ofertas de la "gallinita de los huevos de oro", como llaman a las EPM.
Lo extraño de todo este asunto es que los congresistas conservadores de Antioquia —como son el senador Carlos Andrés Trujillo González, jefe del combo de Itagüí; el senador Juan Diego Gómez Jiménez y el representante Nicolás Albeiro Echeverri, jefes del pleonásmico equipo denominado "Conservadores de Vida"; y el actual presidente de la Cámara, el hombre del barrio Boyacá-Las Brisas, el representante Germán Blanco Álvarez— no se hayan pronunciado sobre la insubsistencia del conservador Rendón López y sus impactos. Según muchos ciudadanos de la ciudad, los honorables congresistas se convirtieron en socios del actual alcalde y su permisivo silencio tal parece que viene siendo muy bien pagado con prebendas de muy diverso tipo en el municipio de Medellín.
En la dirección anterior, se hace necesario que se busque en el futuro inmediato que, por ley, se retorne a la normatividad anterior, según la cual, la tercera parte de los miembros de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios eran representantes de los usuarios elegidos por voto popular entre los postulados o candidatizados por las distintas organizaciones sociales del territorio de su cobertura, para que así no sean, como viene sucediendo desde hace algunos años, tan solo unos "compinches" del alcalde, el cual los escoge a su amaño de una listas de vocales de control en la que figuran sus amigos, cuando no son más que los lugartenientes de un grupo económico. Esto no quiere decir, que no se deba exigir ciertas calidades profesionales y cualidades personales a los postulantes a ser los representantes de los usuarios en tan importante junta, pues es claro que las EPM es una entidad pública no solo de talla nacional sino internacional.
Por último, es importante insistir que los congresistas tramiten, a la mayor brevedad, una reforma a la Ley 142 de 1994 y que insistan en ajustar la reglamentación de esta ley contenida en el Decreto 1429 de 1995, para que se garantice en el futuro inmediato que los gerentes de las empresas de servicios públicos domiciliarios no terminen constituyéndose en los capataces de intereses políticos de un alcalde o del funcionario que los nombra, sino que sean seleccionados por serias organizaciones cazatalentos a través de evaluaciones rigurosas, de tal manera, que no solo se afiance el gobierno corporativo de dichas empresas, sino que se evite que un funcionario en particular termine imponiéndose aun al precio de poner la imagen de la entidad en riesgo, como acaba de acontecer con la decisión del alcalde Quintero Calle al botar a Rendón López de la gerencia de las EPM.
