Con el fin de discutir la propuesta “No al peaje de Mondomo”, incluido en el proyecto doble calzada Santander de Quilichao – Popayán, que se encuentra paralizado desde hace varios años, el Concejo Municipal de Santander de Quilichao realizó en la mañana de este lunes 30 de noviembre una sesión ordinaria.
Para obtener argumentos de debate, el concejo invitó a la bancada parlamentaria del Cauca, pero solo participaron en la sesión el senador Temístocles Ortega Narváez (de manera virtual) y el representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla Soto, quien dejó registradas sus apreciaciones mediante documento que fue leído ante los 14 concejales reunidos en la sede de la Casa Consistorial de Santander de Quilichao.
Temístocles Ortega Narváez
El senador Ortega habló sobre la importancia para el desarrollo socioeconómico que tiene la construcción de la obra y explicó que “estas obras se hacen es con peajes”. En consecuencia, pidió comprensión y la unidad de todas las fuerzas vivas de la región para sacarla adelante, indicando que en la práctica no es posible pensar en la eliminación de la caseta de peaje proyectada en el corregimiento de Mondomo. “El sistema es así”, enfatizó.
Lo cierto es que la estación de peaje Mondomo desde el año 2013, cuando se estructuró el proyecto de la doble calzada para el corredor vial Popayán-Santander de Quilichao, quedó incluida con concepto vinculante en el contrato, teniendo en cuenta que debía ser el contratista quien bajo la figura de la Asociación Público Privada vinculaba capital privado que garantizara la viabilidad financiera del proyecto, con derecho al recaudo de peajes en las condiciones establecidas en la minuta del contrato de concesión.
Sobre la situación actual, Ortega Narváez dijo que hay tres opciones para avanzar en la posibilidad de realizar la obra: la liquidación unilateral del contrato y convocatoria a nueva licitación; la cesión de derechos adquiridos a un nuevo contratista o que lo ejecute directamente el concesionario ya vinculado, que es el Consorcio Nuevo Cauca, cuyo accionista mayoritario es el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte.
El proyecto de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán fracasó: Carlos Julio Bonilla Soto
Por su parte el representante Bonilla Soto, más contundente, expresó por escrito lo siguiente:
Generalmente nadie acepta el fracaso, menos los administradores de lo público, porque hacerlo puede traer significativas consecuencias fiscales, disciplinarias, penales y políticas.
Fracasó desde el principio, desde que se adjudicó. Obvio que ni el gobierno ni el concesionario, Nuevo Cauca, ni los organismos de control del Estado, nadie quiere reconocer insuficiencias.
Las nuevas autoridades administrativas buscan enderezar el proyecto, que avanza con la exigencia al gobierno nacional de una presunta indemnización de 200.000 millones de pesos por parte del contratista que lo hizo fracasar. Nuevo Cauca al parecer ni siquiera puso la primera piedra para la construcción de la segunda calzada en un trayecto de 76 kilómetros, más el mejoramiento y rehabilitación de la vía existente.
Difícil y peligrosa tarea se han impuesto los recientes componedores de buena fe porque podrían verse involucrados en complicidad al tratar de ignorar las causas que condujeron al fracaso de una obra que dotaría al Cauca, y a Colombia, de un bien público esencial, indispensable, destinado a garantizar los derechos fundamentales a la libertad de movilidad y la seguridad, y a mejorar la economía regional.
Este contrato partió de un grado muy bajo de preparación por parte del gobierno: muchas dudas y vacíos sobre adquisición de predios, licencias ambientales, consultas previas a comunidades étnicas, riegos por orden público y conflicto armado en la región, incierta explotación económica futura a partir de unos peajes que desde el principio fueron rechazados por las comunidades, y el no haber evaluado seriamente la solvencia financiera del contratista, todo lo cual condujo a que no pudiera obtener la financiación bancaria requerida. Todo eso lo sabía el consorcio Nuevo Cauca.
Es decir, el Estado no tuvo un papel específico y decisivo qué jugar para garantizar el éxito del proyecto, todo lo dejó bajo la taimada responsabilidad del particular, a quien no le importaron las altas pérdidas económicas y sociales que su actitud iba a desencadenar.
Por esto, se podría deducir que la pretensión de Solarte no era construir la obra. El negocio era aguantar hasta cuando se llegara a la situación calculada de bloqueo del proyecto, para reunir los argumentos necesarios y exigir la compensación por haber sido beneficiario de la insuficiencia oficial. Ahora, vendrá la onerosa cesión del contrato a un nuevo operador, y esta etapa representa ingresos adicionales para el cedente, Nuevo Cauca, porque va a entregar una supuesta mina de oro explotable a futuro, en los siguientes 20 años como mínimo, tal cual está previsto en el contrato de Asociación Público Privada (APP), como retribución a lo que se debe invertir en la construcción de las obras, además de todos los “otro-sí” que siempre les van colgando a los contratos con el Estado. En eso estamos, y faltan más dificultades y rémoras, mientras se da otra polémica conciliación.
Fue así como se quedó en veremos la construcción de 7 variantes, 23 puentes, 21 intersecciones y 17 retornos a lo largo de la vía Santander de Quilichao-Popayán, proyectada a cuatro años, la generación de unos 6.000 empleos y el beneficio de manera directa a más de 500.000 habitantes de los municipios de Totoró, Cajibío, Piendamó, Silvia, Caldono, Morales, Santander de Quilichao y de Popayán.
Todo porque el dueño de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, que ya venía ejerciendo como concesionario del tramo Santander de Quilichao-Popayán, logró la adjudicación de la segunda calzada a pesar de que desde antes (2011) la Agencia Nacional de Infraestructura había interpuesto contra él denuncias en la Fiscalía y en la Contraloría, por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, asuntos que ascienden a detrimentos del orden de siete billones de pesos en contra del Estado colombiano.
En últimas, en este proyecto se intentó ser cedido a Colombia Infrastructure Partners, administrado entre México Infrastructure Partners y Skandia Latinoamérica, antes Old Mutual, pero nunca se concretó una oferta que motivara al contratista. Tampoco fue posible una oferta vinculante con la Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, sucursal Colombia y Colombianos Infraestructura SAPI de CV.
En estas circunstancias, hoy es más fácil y legítimo reiniciar teniendo en cuenta, eso sí, a las comunidades, partir de cero, así busquen justificaciones intentando remendar eso que tiene más de cinco años de deterioro por el no uso, o por el indebido uso, aunque piensen que porque no se ha roto del todo se puede zurcir.
Hasta aquí el representante Bonilla Soto.
Conclusión
Es evidente que la voluntad política, los esquemas de financiación y la estructuración inicial del proyecto doble calzada Santander de Quilichao-Popayán no garantizaban la eficiencia ni desincentivaban prácticas corruptas si el ejecutor iba a ser el consorcio que lidera Carlos Alberto Solarte Solarte, por sus antecedentes.
Es que Carlos Solarte está acostumbrado a recibir contratos para no ejecutarlos y, a cambio, lograr indemnizaciones por fallas institucionales y propias. Por ejemplo, el municipio de Popayán debe pagarle una indemnización por más de 100.000 millones de pesos por el incumplimiento de un contrato sobre un peaje urbano también fracasado hace varios años. Es más, le está exigiendo a su hija Paola Solarte que le pague una indemnización de 95 millones de pesos, a pesar de que fue condenada a seis años de cárcel conmutables por detención domiciliaria, al pago de una elevada multa y a una inhabilidad para contratar con el Estado, porque al resultar procesado, junto a ella, por delitos de peculado por apropiación, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, se declaró víctima de su hija.
En este torcido, Carlos Alberto, su hija Paola y los exdirectivos de Odebrecht pagaron sobornos a la administración de Samuel Moreno Rojas para recibir en 2009 la adjudicación del contrato para la construcción del túnel interconector entre el río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el río Bogotá, el cual tuvo un costo cercano a los 250.000 millones de pesos. Las coimas pactadas fueron del 8,75 %.
La investigación señaló que habrían pagado 2.000 millones de pesos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, así como a un grupo de concejales, contratistas y funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Luego, en julio de 2017, la Contraloría Distrital halló una serie de irregularidades en la ejecución del contrato, por presentar sobrecostos y demoras en su construcción.
En su debido momento, de manera oportuna, Proclama del Cauca y Valle había alertado sobre lo que iba a ocurrir en el Cauca, pero los “sabios” de la contratación, de manera sospechosa, descartaron cualquier duda.
En eso estamos hoy con respecto al proyecto de la doble calzada Santander de Quilichao–Popayán. Ojalá se destrabe el asunto y el Cauca pueda recuperar la esperanza de tener la doble calzada algún día de su historia futura.
