En las últimas horas se dio a conocer la lista de personas a las cuales la Contraloría les imputará cargos por caso de Hidroituango (por un detrimento de 4.7 billones de pesos). Dentro de ellos, se encuentra el candidato presidencial Sergio Fajardo, al cual, en las últimas semanas, no le ha ido muy bien públicamente.
Fajardo, el cual fue el primer político este año que públicamente decidió lanzarse al ruedo por la Casa de Nariño, al parecer hoy no tiene un futuro muy claro. En estos recientes días, las encuestas y los números no lo han favorecido. Al mismo tiempo, en Medellín, donde se supone que tiene un gran apoyo (ya que fue alcalde y gobernador), da la impresión de que no la tendrá tan fácil.
Según fuentes internas de la Alianza Verde, existe descontento por su presunto intento de adueñarse de esta colectividad y usarla como plataforma para su candidatura. Audios y distintos mensajes de líderes comunales lo comprobarían. Al mismo tiempo, también es evidente cómo desde el propio partido buscan otras opciones desde hace varias semanas.
Y a esta inconformidad se sumarían los múltiples escándalos que tiene a sus espaldas, como el mal manejo en los temas de educación cuando era gobernador (haciendo que el departamento no diera sus mejores resultados en las pruebas) y lo ocurrido con la Biblioteca España (a la cual múltiples analistas han denominado como “un elefante blanco” que metió a la alcaldía). Por otro lado, algunos también le recriminan su falta de carácter al momento de tomar partido en temas trascendentales a nivel nacional.
Recordemos que Sergio Fajardo es investigado desde el año pasado por el caso de Hidroituango, y hoy, después de un año de este proceso, ya se empiezan a dictar medidas frente a ello.
El candidato profesor pierde apoyos en el territorio de los líderes; credibilidad frente al país, con otro escándalo más que pone en duda su reputación; y apoyo político dentro de los partidos, los cuales ya empiezan a buscar otras fichas para posicionarse de cara al 2022.
Amanecerá y veremos con Fajardo. Lo que sí es cierto es que si la Contraloría tomó la decisión de imputar cargos es porque existe la evidencia suficiente para señalarlo como responsable de esta catástrofe nacional, que no solo ha costado billones de pesos a los colombianos, sino que también ha valido vidas humanas.
